Falsas acusaciones, suplantación de identidad, amenazas a través de las redes sociales, violencia física y verbal y el ciberacoso son algunas de las situaciones a las que los profesores de Málaga se enfrentan a diario. En este sentido, el sindicato Anpe Málaga ha presentado el Informe de El Defensor del Profesor 2022-2023 en el que aseguran que durante el curso pasado atendieron 27 casos ocurridos en los centros educativos de Málaga. 

Cada curso, Anpe presenta este documento en el que informan de la violencia que sufren los docentes de la enseñanza pública. En este sentido, Guillermo Hernández, presidente de Anpe Málaga, ha asegurado que el síndrome del profesor quemado y docentes al límite son cada vez más comunes. 

“A nosotros acuden cada vez más profesores con irritabilidad, estrés, desasosiego y cuadros ansiosos depresivos”, ha señalado. En este punto, ha añadido que se debe a las situaciones de violencia que deben vivir en clase, pero también a la sobrecarga burocrática y lectiva, a las ratio elevadas, a la falta de atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a las modificaciones de las leyes educativas. 

 Anpe Málaga ha intervenido en 27 casos de violencia en las aulas que se pueden dividir en tres grupos: los involucrados con el alumnado, los relacionados con las familias y los que tienen que ver con el ámbito laboral. En cuanto a Andalucía, han atendido un total de 134 casos durante el curso 2022-23. De ellos, un 6% corresponde al nivel de Educación Infantil, un 40% a la Educación Primaria, un 40 % a la ESO y el Bachillerato, un 7% a la FP y otro 7% a la Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. 

En cuanto a los que están relacionados con los alumnos, el 21% de los docentes asegura que sufre falta de respeto por parte de los estudiantes, el 23% tiene problemas para dar clase y el 20% sufre falsas acusaciones En este sentido, Hernández ha incidido en que han observado un aumento de los casos que tienen que ver con la digitalización: “Los profesores sufren acoso, les suplantan la identidad e incluso les envían amenazas para que suban las calificaciones”. 

En relación a los casos que involucra a las familias, el informe de El Defensor del Profesor muestra que el 15% de los docentes vive falta de respeto por parte de los padres y a un 19% los acusan falsamente. “Las familias cuestionan la profesionalidad del docente, su forma de evaluar y su gestión del aula”, ha apuntado Hernández. En este punto, también ha añadido que hay padres que han presionado al profesorado para que suba las calificaciones de sus hijos. Además, ha incidido en que las redes sociales y los grupos de Whatsapp se están convirtiendo en uno de los grandes problemas para los docentes, ya que “flaco favor nos hacen los grupos de Whatsapp de padres que se han creado para criticar al profesor”. 

Los casos de violencia física suponen el 7% de los que ha contabilizado el Defensor del Profesor a nivel estatal, debido a que “algunos alumnos no aceptan las llamadas de atención y utilizan descalificaciones, insultos, amenazas y menos precios”, según Hernández. Además, ha remarcado que las leyes educativas no están ayudando al desarrollo del trabajo del docente.

Falta de información sobre las nuevas leyes educativas

En este sentido, en el informe del Defensor del Profesor se recoge que el 36% de los docentes tiene problemas en su entorno laboral a causa de la falta de información de la nueva ley educativa, la Lomloe. Asimismo, ha incidido en que “faltan docentes para atender las dificultades educativas del alumnado y más protocolos dirigidos a la salud mental”. 

Por otro lado, el presidente de Anpe Málaga ha hecho hincapié en que se debe desarrollar la ley de reconocimiento de Autoridad del Profesorado, la cual continúa en borrador. Además, también considera que se deben disminuir las tareas burocráticas a los docentes para que se puedan desarrollar en el horario laboral y así permitir la conciliación laboral. De igual forma, también consideran que han de reducirse las ratios en todos los niveles educativos para conseguir una educación adaptada a las necesidades del alumnado, aumentar las plantillas docentes y proporcionar a los centros educativos de personal de administración y servicios (PTIS, conserjes, cocineros, monitores, administrativos) a tiempo completo.