El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio a una fisioterapeuta que fue denunciada por un delito de intrusismo profesional por presuntamente ofrecer tratamiento a animales sin tener la formación ni la titulación legalmente requerida para ello.

Así lo ha informado a Europa Press Ignacio Francés, letrado de la acusación particular, en representación de la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (CEVE Málaga) -que presentó inicialmente la querella- y del Colegio de Veterinarios, quien ha señalado que han mantenido la acusación contra la procesada.

Asimismo, el abogado ha precisado que la acusada solo ha contestado a las preguntas de su letrado y ha referido que no era un tratamiento como tal. Así, la defensa ha sostenido la libre absolución, al igual que el fiscal que ha mantenido el no formular acusación.

Este procedimiento se inició a raíz de la querella presentada en 2018 por CEVE Málaga, a la que se adhirió el Colegio de Veterinarios, por un presunto delito de intrusismo, solicitando ambas la apertura de juicio oral por un delito de intrusismo y solicitando la pena de 18 meses de prisión.

El letrado de la acusación particular ha insistido en demostrar en el juicio que ha habido dolo, ya que la procesada en 2021 durante la instrucción de esta causa "reconoció su actividad a pesar de que en 2020 el Consejo de Estado ya concretó que no se podía realizar" este tipo de servicio por parte de los fisioterapeutas.

Desde el inicio del procedimiento, el criterio de CEVE y el Colegio de Veterinarios se ha basado en que en España únicamente los profesionales veterinarios están habilitados para prestar tales atenciones a los animales.

Según consta en las conclusiones iniciales presentadas por los letrados Ignacio Francés y Francisco Redondo, de IFS Abogados, en representación de ambas acusaciones particulares, la procesada presuntamente ofrecía a domicilio servicios para tratamientos de fisioterapia y de osteopatía para animales.

Este escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que a raíz del informe realizado por un detective, se determina que presuntamente en ese caso prescribió tratamientos para un animal que no había recibido previamente diagnóstico veterinario para su dolencia, "realizándose tareas propias de la profesión veterinaria".

Asimismo, supuestamente facturó la atención realizada y, posteriormente, publicitó en sus redes sociales la intervención realizada. En su declaración en la instrucción señaló, según las acusaciones, que su titulación de fisioterapeuta animal no tenía posibilidad de homologación, pero decía que su actividad era legal.

Para estas asociaciones, la querellada vulnera la legislación vigente "obviando que su actividad se circunscribe a las personas y jamás puede atender a animales puesto que su atención se reserva a los profesionales veterinarios", negando las acusaciones que existe un vacío legal.