Vodafone y Orange recurren la ordenanza que grava el uso del espacio público

El Ayuntamiento de Málaga tendrá que defender en la vía judicial su decisión de aplicar una tasa a los operadores de telefonía móvil por el uso del suelo y el subsuelo de la ciudad. Este camino es el que tiene ante sí el Consistorio después de que las empresas Vodafone y Orange hayan formulado sendos recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal mediante la que se grava la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos en el subsuelo, suelo o vuelo de la vía publica municipal o terrenos de uso público.

De acuerdo con la información consultada por este periódico, el alto tribunal andaluz remitió el pasado 15 de marzo una comunicación a Gestrisam, el organismo autónomo municipal encargado de los tributos, referente al emplazamiento que se hace a los posibles interesados para que puedan personarse como demandados en este asunto. De acuerdo con el texto de la normativa, las empresas o entidades explotadoras de servicios de telefonía móvil han de hacer frente a una tasa en función de la utilización del subsuelo, el suelo o vuelo de las vías públicas municipales, cuyos servicios se presten, total o parcialmente, a través de recursos de su titularidad, tales como redes o instalaciones que materialmente ocupen dicho dominio público municipal.

En el caso de la tarifa prevista a las empresas o entidades explotadoras de servicios de telefonía móvil, el importe "se cuantificará individualizadamente para cada operador" aplicando una fórmula que toma en consideración la totalidad de servicios de comunicaciones prestados por la empresa, la superficie ocupada por el operador (en función de los metros lineales de apertura de calas y canalizaciones), y un coste medio del metro cuadrado básico de 39,75 euros.

La aplicación por parte del Ayuntamiento de esta tasa se traduce, de acuerdo con las previsiones anuales, en unos ingresos de 1 millón de euros. Dinero que, a pesar del actual contencioso judicial, el equipo de gobierno del PP asegura podrá liquidar a las empresas afectadas. Se da la circunstancia, según explicó el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, que ambas compañías eludieron formular alegaciones a la nueva norma, emplazando su acción a la vía judicial. "Es lo que han hecho también en otros ayuntamientos", dijo, al tiempo que defendió el procedimiento seguido por el Consistorio, se vio forzado a modificar un primer documento normativo que afectaba exclusivamente al espacio radioeléctrico.

A la espera de ver el avance del procedimiento judicial ahora abierto, el Ayuntamiento parece contar con ciertos precedentes que juegan a su favor. Muestra de ello es lo ocurrido en Madrid, donde se viene aplicando desde hace tiempo una ordenanza semejante a la malagueña. De hecho, el título de la misma es similar. En la capital española, en octubre del pasado año se conoció la decisión del Tribunal Supremo de fallar en contra de la petición de Vodafone para que se anulase una sentencia previa sobre la tasa impuesta por el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, desestimó el incidente de nulidad de actuaciones que había presentado la compañía contra la sentencia que avalaba la tasa impuesta por el Ayuntamiento madrileño para gravar a las empresas de telefonía móvil por el uso de infraestructuras en dominio público municipal, como ya hizo con otro presentado por Orange.