El abogado del exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha denunciado este lunes al tribunal encargado de juzgar la operación urbanística en la finca "l Pinillo de Marbella (Málaga) que se está vulnerando "el derecho a la vida" de su cliente por la pena de banquillo.

El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga con las cuestiones previas y en el banquillo de los acusados se sientan un total de 21 personas, entre ellas Muñoz y el exasesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca.

Durante las cuestiones previas el letrado de Muñoz ha argumentado que se están vulnerando derechos fundamentales y de defensa ya que los hechos ocurrieron hace muchos años y se ha preguntado cómo alguien, que además padece una grave enfermedad, se puede defender después de tanto tiempo.

También ha dicho que "el sistema procesal español falla" porque permite que una persona con una grave enfermedad sigue en prisión y por ello entiende que se vulneran los derechos fundamentales por lo que ha pedido a la sala que se tenga en cuenta en la sentencia las dilaciones indebidas y su colaboración.

Por su parte, la letrada de Juan Antonio Roca, Rocío Amigo, también ha esgrimido vulneración de derechos fundamentales y de la tutela judicial efectiva y ha señalado que se está realizando un doble enjuiciamiento ya que considera que dichos delitos fueron juzgados en el caso Malaya.

Amigo ha insistido que no se puede sentar dos veces en el banquillo de los acusados a una persona por unos mismos hechos con base a una calificación jurídica distinta.

Los 21 procesados son juzgados por los delitos de estafa, fraude, cohecho, contra la ordenación del territorio, falsedad, prevaricación y alteración de subasta pública, entre otros.

Anticorrupción acusa a Muñoz, Roca, exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), funcionarios municipales y a empresarios por una operación urbanística desarrollada en la finca Pinillo, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, presuntamente, en beneficio de los acusados.

Roca se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel y una multa de 6millones de euros por los delitos de cohecho, estafa, fraude, maquinación para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa.

Por su parte, a Muñoz se le piden 11 años de prisión por prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinación para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado.

El fiscal mantiene que desde que llegó al poder el grupo GIL en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con el propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros".

En este caso, Roca presuntamente promovió la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados.

Por su parte, Muñoz supuestamente tuteló desde su destino como regidor suplente, "firmando los decretos necesarios a tal fin".

El fiscal mantiene que los concejales procesados "ratificaron de manera automática, como consciente de su carácter manifiestamente ilegal, produciendo por la vía de hecho un grave perjuicio del patrimonio municipal de Marbella".

En un principio se realizó un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas de hacer un proyecto urbanístico que no se concretó.

El proyecto se refería a un palacio de congresos, aunque luego tras obtener el título de inscripción, la actuación municipal estuvo lejos de promover la utilidad pública.

El fiscal mantiene en su escrito que tras la operación hubo una infravaloración de los terrenos de 6,7 millones de euros.