Desesperados y preocupados. Así se encuentran los abogados después de que la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia cumpliese este martes una semana desde su inicio. Critican los retrasos en todos los procedimientos judiciales y que no son avisados de las suspensiones de los pleitos hasta el momento de comparecer, lo que acarrea los correspondientes descalzos. Por ello, pide a ambas partes para que “hagan un esfuerzo y lleguen a un acuerdo lo antes posible”.

Con más de un millar de juicios cancelados en la provincia en tan solo una semana de paro, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, cuestiona que se estén cumpliendo con los servicios mínimos y hace un llamamiento a la responsabilidad –tanto a las asociaciones convocantes como al Ministerio de Justicia– para que acerquen posturas y alcancen un punto de encuentro “antes que después”.

Si bien, la huelga de los letrados de Justicia, que se inició el pasado 24 de enero a nivel nacional, no solo está afectando solo a la paralización de juicios y declaraciones de investigados, perjudicados o testigos, sino que también repercute en la gestión ordinaria de otras tramitaciones, como pueden ser las bodas, lo que condiciona el normal funcionamiento de los órganos judiciales.

Otro de las consecuencias que están sufriendo los abogados, según indican, son los “desplazamientos innecesarios” que, a su juicio, se podrían evitar comunicándolo previamente. Así lo critica Manuel Huertas, que el primer día de huelga se desplazó, junto cuatro testigos, a un juzgado de Torremolinos para una declaración que finalmente se suspendió. “Ya no solo pedimos que nos avisen a nosotros, sino también a los ciudadanos, que en este caso tuvieron que pedir permisos en sus trabajos para colaborar con la administración de Justicia”, manifiesta, al tiempo que denuncia “falta de consideración” por parte de los funcionarios de Justicia. 

Una opinión que también comparte el abogado Raúl Olivares. “Nos parece idóneo que la finalidad de la huelga sea paralizar el sistema, pero no nos parece tan idóneo es que nos hagan desplazarnos a los profesionales cuando nos podríamos evitar tener que ir a la Sala si se nos avisa con un poco de antelación. Incluso nos parece que los secretarios judiciales en este aspecto están teniendo un poco de falta de empatía”, expresa.

Por su parte, las asociaciones convocantes de la huelga: Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), exigen mejoras retributivas acordes a las nueva funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales, entre otras cuestiones. Para el Ministerio, sin embargo, cualquier reclamación salarial del colectivo está “fuera de lugar”. Su salario, afirma Justicia, crecerá de media un 14,76 % en tres años.

Según las cifras facilitadas por ese departamento, tras las negociaciones llevadas a cabo, en 2023 el salario de un LAJ que trabaja en el juzgado y está entre los niveles 26 y 28 oscila entre los 39.011,80 y los 59.537,42 euros, sin tener en cuenta sus retribuciones variables, lo que supone “entre un 79 y un 140 % más que cualquier funcionario de la administración del Estado en esos mismos niveles”.

En principio, la huelga de Letrados de la Administración de Justicia no afecta a los servicios urgentes que son: el servicio de guardia, las medidas cautelares, las causas con preso, las actuaciones relativas a violencia de género, los procedimientos de tutela de derechos fundamentales o en los que interviene un menor de edad o una persona con la capacidad modificada judicialmente.