Fernanda de la Figuera, conocida como la abuela Marihuana por su activismo por la legalización del consumo de cannabis, ha sido condenada a nueve meses de prisión por cultivar cannabis para su asociación y proporcionar marihuana, según su versión, con fines terapéuticos. El juez considera a esta mujer, que en agosto cumplirá 77 años, culpable de un delito de tráfico de drogas de “sustancias que no causan daño grave a la salud”. También se le impone la pena de una multa de 10.000 euros por el valor de la droga que le fue incautada. La Fiscalía de Málaga le pedía cuatro años de prisión.

En declaraciones a este periódico, aseguró que, aunque está convencida de que eludirá la cárcel dado que no tiene antecedentes y la condena es inferior a los dos años, tiene previsto recurrir y llegar “hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo”. Porque no hace “nada más que lo está autorizada a hacer”. Y se apoya en que “varios tribunales han sentenciado” que lo suyo es consumo propio “y que comparte con cuatro personas”, pero niega que se dedique al tráfico de drogas. “Quieren darme un escarmiento y no sólo a mí”, sostiene.

El caso de Fernanda, que se considera la “apóstol del autocultivo”, la activista más veterana de España por la legalización del cannabis, se remonta al año 2014, cuando era presidenta de la asociación Marías por María, con sede en la finca El Refugio de Alhaurín el Grande, donde le fueron intervenidas 181 plantas de marihuana que distribuía a los socios de la entidad en un local que tenía en Málaga. La Policía se incautó además de 9.000 euros.

La sentencia refleja que existía una “organización y planificación” para que la marihuana, una vez secada y en condiciones aptas para el consumo, fuera transportada y los socios –unos 200 registrados– pudieran adquirirla. Pese a que los estatutos de la asociación recogían que su finalidad no era sino la de “labores terapéuticas y de investigación del uso del cáñamo y evitar el peligro para la salud por el mercado ilegal de cannabis”, el juez entiende que tanto la acusada como el tesorero y el secretario de la entidad, condenados a siete meses de prisión y al pago de 400 euros, “favorecían el consumo de marihuana”.

El magistrado esgrime que no se han cumplido los requisitos fijados por el Tribunal Supremo para que el funcionamiento de los clubes cannábicos no sea delito, esto es, que se trate de un grupo reducido de consumidores habituales, que el consumo sea inmediato y en un lugar cerrado.

La resolución judicial señala que, aunque Fernanda “no podía pensar” que su actuación podría constituir un delito, “al fomentar la posible legalización del uso terapéutico de la marihuana era conocedora o debería serlo de que bordeaba la ilegalidad”, porque en España no se permite el “favorecimiento o distribución de la droga aun de forma gratuita y pese a los fines terapéuticos”.