El acoso escolar sale del aula en Málaga: perfiles falsos, extorsiones y un sistema que "no protege" como debería
CSIF Educación y la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar coinciden en el diagnóstico: los protocolos son lentos y los profesores carecen de la formación necesaria
La madre de la niña que se suicidó en Sevilla denunció el acoso escolar en dos ocasiones "sin respuesta"
El acoso escolar o bullying ya no ocurre, como antaño, sólo en el patio. A veces empieza con una burla, con una imagen subida de tono compartidas sin permiso en redes sociales, con una retahíla de mensajes que se multiplican en silencio. El fenómeno ha cambiado de forma. Donde antes había insultos y empujones, ahora proliferan cuentas falsas, pantallazos y chantajes digitales. Las redes sociales son, en este sentido, un caldo de cultivo. “Antes, el acoso se quedaba en lo presencial, a la salida del colegio”, explica el responsable del sector educativo de CSIF Málaga, Francisco González. Un ejemplo reciente es el de una chica "que fue extorsionada con imágenes suyas que habían cogido de su móvil".
Un protocolo "claro, eficiente y ligero de burocracia"
Y, en este escenario, un handicap añadido. Una vez el daño está hecho, los mecanismos para frenarlo no llegan con la premura que se requiere. “Los protocolos son lentos, y el inicio es muy farragoso. Hay que hablar primero con el tutor, luego con el equipo directivo… En algunas ocasiones se tarda más de lo debido. Pedimos que el proceso sea lo más rápido posible para poder evaluar la veracidad de lo ocurrido y actuar”, denuncia el portavoz. Ese retraso burocrático, asevera, puede marcar la diferencia entre detectar un conflicto a tiempo o enfrentarse a un caso grave enquistado. “Nos encontramos con alumnos que no quieren denunciar por miedo. Y con familias que tampoco lo hacen para evitar señalar a sus hijos”, añade. Ese temor, esa desconfianza y el silencio se han convertido, según los docentes, en las barreras invisibles del sistema, "que no protege todo lo que debiera".
El reto, aseguran desde la organización sindical, es tratar de aligerar los procedimientos, pero la lentitud sigue siendo un lastre. “Pedimos que los protocolos sean más rápidos, más claros y con menos burocracia”, explica González.
El colectivo lleva años organizando jornadas sobre acoso y ciberacoso, con inspectores, policías y asociaciones especializadas involucradas en la lucha por remover conciencias. “Intentamos dar pautas prácticas, materiales, incluso consejos para activar los protocolos fácilmente. Pero faltan medios. Solo hay orientadores en institutos, y también deberían estar en Infantil y Primaria. Son los que tienen el vínculo directo con los alumnos, los que pueden prevenir antes de que haya que intervenir”, apostilla.
Si bien defiende el trabajo de los docentes, el responsable del sector educativo de CSIF reconoce también su desgaste. “Están haciendo una labor magnífica, pendientes de todo. Pero algunos alumnos lo llevan en silencio o creen que ciertas conductas son normales y no saben discriminar lo que se sale de la norma. No se puede culpar al profesor si el estudiante no le cuenta nada. A veces no tienen la información, y aun así siguen atentos, intentando detectar cualquier señal".
El sindicato propone, además, que se implante una figura de mediación como la que existe en otras comunidades autonómas, de manera que colabore en la resolución de conflictos antes de que se agraven.
Mientras tanto, los profesores se enfrentan a un problema que va más allá del acoso: la falta de formación especializada para detectar el delito. “Los docentes hemos sido formados para educar, no para tratar conductas autolíticas ni problemas graves de salud mental. Y eso nos está sobrepasando”, reconoce. Detrás de cada caso, también hay una preocupación creciente: la salud mental de los docentes. “Hay muchas bajas por estrés o ansiedad. Estamos sobrepasados. No por falta de implicación, sino porque no hemos sido preparados ni formados para esto”, confiesa el responsable de CSIF.
"Seguimos igual, o peor, que hace 20 años"
Desde fuera del ámbito institucional, el diagnóstico es aún más duro. “Seguimos igual que hace 20 años. O peor”, asegura Enrique Pérez, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE). “Con el primer suicidio mediático ya se prometió una respuesta, pero no ha cambiado nada. El sistema se protege a sí mismo más que a los menores. No quiere reconocer el problema, y mientras no lo haga, no podrá afrontarlo".
Pérez habla con la experiencia de quien ha intervenido en centros de la provincia y escuchado a familias desesperadas. “En nueve de cada diez casos, el protocolo no se abre. Los colegios dicen que no es necesario, que estarán vigilantes, y el niño sigue en una situación de indefensión total”, afirma.
Y cuando finalmente se activa, sostiene, la falta de transparencia se convierte en otro muro. “El protocolo dice que es confidencial, pero eso no significa que lo sea para las partes implicadas. Las familias deberían tener acceso completo al proceso: a las pruebas, a los partes de lesiones, a los informes psicológicos. Pero no lo tienen. Todo se hace de manera opaca. Es un fraude de ley".
“La solución no es cambiar al niño de colegio”
Las consecuencias de ese sistema, según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, son devastadoras. “Cuando se abre un protocolo, se supone que se debe proteger a la víctima, sancionar al acosador y sensibilizar al aula. Pero en la práctica no ocurre. La solución, la mayoría de las veces, es que la familia cambie de colegio al niño”, denuncia Pérez.
El presidente de la asociación sostiene que la respuesta no puede basarse solo en sancionar. Lo que funciona, apostilla, es que el alumno que acosa entienda lo que ha hecho, empatice y, sobre todo, repare el daño, porque, "sin eso, no hay aprendizaje ni restauración”.
La asociación, que defiende la prevención del bullying, ofrece herramientas de detección temprana, como un test gratuito y anónimo para familias, y un plan nacional de prevención cuyos resultados —asegura Pérez— son medibles. También denuncia la "falta de atención psicológica" inmediata para las víctimas. “Cuando se deriva a salud mental, el menor no recibe ayuda rápida. Las familias que pueden pagar acuden a psicólogos privados; las que no, se quedan esperando”.
Habla, además, del "enorme desconocimiento sobre lo que es realmente el acoso escolar". “Es un proceso sumatorio que va a más si no intervenimos. El daño se acumula, y un solo suceso puede disparar las consecuencias: autolesiones, intentos de suicidio… El vaso se llena gota a gota hasta que se desborda”, subraya Enrique Pérez.
Una llamada a la unidad
Para el representante de CSIF Educación, el problema estriba también en la falta de cohesión en la comunidad educativa. “Familias y centros deben ir a una. Falta unión, falta respeto a la autoridad. Y sin una normativa clara, el profesor queda desprotegido”, reflexiona.
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