Dos mujeres han sido detenidas este jueves por agredir a cuatro profesionales de Urgencias del Regional de Málaga. Los afectados son un enfermero, dos técnicos auxiliares de enfermería (TCAE) y un celador del Hospital General. A una trabajadora le han arrancado una uña y los demás presentan múltiples arañazos. Al menos tres profesionales tienen partes de lesiones. Las presuntas agresoras han sido las dos mujeres arrestadas, que habían acudido al hospital para recibir asistencia tras una pelea en la que habrían participado poco antes en una discoteca. Los hechos ocurrieron sobre las 5:00 de la mañana. Al parecer, la madre, de 60 años, y la hija, de 26 supuestamente atacaron e insultaron a los trabajadores. La agresión alteró la rutina del área de Urgencias. "Se llenó de policías", han asegurado algunos trabajadores.   

El centro sanitario ha emitido un comunicado en el que ha condenado "las agresiones físicas y verbales que han sufrido en la madrugada del día de hoy varios profesionales durante el desempeño de su trabajo en el servicio de Urgencias". Además, el hospital indicó que activó el protocolo de agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través del que se ha ofrecido a los profesionales afectados asesoramiento tanto psicológico como jurídico. Según confirmó el Regional, los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional.

Una TCAE se llevó la peor parte. "La compañera a la que le arrancaron una uña sangró mucho y tenía arañazos en el brazo", ha asegurado el delegado del Sindicato de Enfermería (Satse), Ignacio Anguita. El representante sindical condenó el ataque físico y verbal que han sufrido los profesionales. "Es inaceptable que además de soportar la sobrecarga, sigamos siendo víctimas de agresiones. La prevención está fallando", dijo. Opinó que frente a las agresiones se ha mejorado, pero matizó: "Hay avances, pero muy lentos. Y a la hora de evitar las agresiones, hay mucho margen de mejora. El personal está demasiado expuesto". 

Por su parte, el hospital recordó que "la agresión física o intimidación grave contra personal sanitario en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión". Además, recalcó que "el Plan de Prevención y Atención de Agresiones de la Consejería de Salud y Consumo tiene como objetivo intentar reducir este tipo de agresiones, así como minimizar sus consecuencias a través del asesoramiento y acompañamiento de las personas afectadas".