El alcalde de Málaga dice sobre el centro de menores en Churriana que "si abre es porque estará todo en regla"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido este miércoles la necesidad de que haya un centro de internamiento de menores (CIMI) en la ciudad. El regidor ha entrado, aunque no demasiado, en la polémica surgida tras anunciar la Junta de Andalucía que adjudicaba la implantación de uno en la urbanización El Olivar, en Churriana. Los vecinos vienen presentando distintos escritos ante Urbanismo, el último de ellos señalando deficiencias que, defienden, impendirían su apertura en este estado. El regidor ha defendido que si acaba abriendo será porque "estará todo en regla".

En estos momentos el edificio que lo albergará, si no hay ningún giro de timón, sigue en obras. El grupo municipal Vox lleva este jueves a Pleno una moción al respecto, porque "creemos que es un sitio inadecuado, una zona residencial que no cumple con los mínimos", ha dicho Antonio Alcázar, su portavoz. Justifican que no tiene suficientes conexiones de movilidad, ni "adecuaciones de seguridad", además de carecer de un patio o pabellón deportivo para los jóvenes. Alcázar ha defendido que se haga en un inmueble público.

De la Torre ha defendido el edificio seleccionado por Meridianos, la empresa adjudicataria, y ha dicho que la apertura se deberá hacer en "términos de convivencia" con los vecinos. También ha asegurado que una vez esté funcionando, visitará el centro para cerciorarse de que esto es así.

Cabe recordar que los vecinos ya han presentado varios escritos a Urbanismo. El primero paralizó la obra y le daba diez días a la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social Meridiano, la empresa a la que se ha concedido el CIMI por cuatro años y 21 millones de euros, y le daba 10 días para solucionar las deficiencias en las declaraciones responsables presentadas.

De momento, la Junta ni siquiera ha formalizado el contrato con Meridianos, a pesar de que el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, afirmó recientemente que pretendían abrir el CIMI y acoger a los primeros menores con la entrada de junio. Según la documentación por la que se ha licitado el contrato, al menos cinco días antes del inicio del mismo, la entidad adjuicataria debe presentar ante la Junta una memoria técnica visada justificando que el inmueble cumple con todos los requisitos.

El proyecto fracasado en Jarazmín

No es la primera vez que se inician los trámites para abrir en Málaga un centro de internamiento de menores infractores, sin que el proyecto haya llegado a culminarse. El último intento fue el de instalarlo en una residencia de mayores sin uso del barrio de Jarazmín. A finales del pasado mes de septiembre la empresa promotora, Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, con sede en Murcia, desistió de seguir adelante con el procedimiento tras, meses atrás, acordar la Gerencia Municipal de Urbanismo archivar el expediente de la actuación extraordinaria en suelo rústico y, además, encontrarse con que hasta doce asociaciones de vecinos, colectivos y personas a título particular del distrito Este presentaron escritos en contra.

Antes, en el año 2023, la Consejería de Justicia lanzó otro concurso con un presupuesto de unos 8,5 millones de euros para empresas interesadas en poner en marcha un CIMI en la provincia y que, finalmente, fue declarado desierto.

La provincia de Málaga no posee ningún centro de estas características en estos momentos, después de que el 1 de abril de 2021 la Junta echase el cierre al Centro de Menores San Francisco de Asís, ubicado en Torremolinos, argumentando que era el único de toda la región gestionado de forma directa por la administración regional al estar el resto privatizados. Una decisión que ha obligado a los menores condenados en Málaga a ser distribuidos en otras centros andaluces (sobre todo en Córdoba y Granada) donde cumplir su pena más alejados de sus familias.

La adjudicataria defiende la legalidad

Meridianos, entidad adjudicataria del proyecto, asegura que cumple de forma estricta con la normativa urbanística municipal y con los requisitos materiales establecidos en el pliego de licitación de la Junta.

Añade que, según el informe técnico del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, se considera apto para su uso como centro tutelado de menores y que el equipamiento está clasificado como Servicios de Interés Público y Social (SIPS), conforme al PGOU de 2011 vigente, y que es "un uso compatible".

También indica que el proyecto garantiza el cumplimiento de la ley, de modo que no se alteran parámetros urbanísticos, y que la licencia de obra se ha tramitado mediante declaración responsable conforme a la ley.

Precisa que un Centro de Reforma CIMI como este es una institución destinada a jóvenes que cumplen una medida judicial derivada de la comisión de un delito y que su fin es educativo y de reintegración social: "No debe confundirse con un Centro de Menores Migrantes no Acompañados ni con un centro de protección de menores".

Meridianos gestiona centros de menores infractores en diferentes comunidades autónomas, en Andalucía los CIMI de Almería y Córdoba. La comunidad de propietarios pide la revisión y anulación de la declaración responsable presentada para la adecuación del inmueble al entender que se ha "utilizado este instrumento de forma indebida".

Este periódico ha vuelto a preguntar por el estado de la documentación, sin haber obtenido al momento de cierre de la edición respuesta alguna.