El de la autoría no es el problema para que el juicio de Barranco Blanco, el último que desoló 8.225 hectáreas y se inició en Coín se mantenga a la espera de la celebración del juicio. Desde 2012 sigue abierto el caso pese a que se detuviese al principal sospechoso un mes después del 30 de agosto de 2012, día que se inició el incendio. El fuego, en esa ocasión, se cobró la vida de dos personas, otras cuatro resultaron heridas y miles tuvieron que ser desalojadas de sus casas ante el inminente peligro que ocasionaban las llamas. Al jardinero que se acusa de originarlo por una imprudencia se le piden siete años y medio de prisión. En su día la empresa a la que se le encargó el peritaje cuantificó los daños en 39,6 millones de euros. Este último es uno de los grandes problemas a la hora de que el juicio salga adelante, asegura Fernando Germán Benítez, fiscal delegado de Medio Ambiente en la Fiscalía Provincial de Málaga.

“Un procedimiento como el de Barranco Blanco excede la capacidad de gestión de cualquier juzgado. Excede a la capacidad de cualquier juzgado, pero más de un juzgado pequeño. El juzgado de Coín no tenía capacidad suficiente para tramitar un procedimiento como este en el que se sucedieron más de 500 afectados. Además muchos de los afectados eran extranjeros”, explica. Esto supone un punto extra de dificultad.

Afirma Benítez que exactamente esto es lo que puede pasar con el caso de Sierra Bermeja, con el que ve líneas paralelas, “esto puede pasar también en Sierra Bermeja”. “Al final todo esto se alarga de una manera muy poco deseable y estamos pendientes de que se señale un juicio de un hecho que ocurrió el 30 de agosto de 2012. Es triste pero es así, si la justicia suele ser lenta en asuntos como este es mucho más lenta”, lamenta el fiscal. Ahora será la Audiencia Provincial la que tenga que juzgar el caso, tras la falta de medios del juzgado de Coín.