El Ayuntamiento de Málaga tiene 244 desahucios en trámite en VPO, 160 por 'okupas'

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) no sólo tiene mucho trabajo buscando nuevas parcelas donde promover casas, buscando fondos para ello (ya sean municipales, estatales o europeos), seleccionando parcelas dotacionales en las que levantar minipisos en el futuro o gestionando los sorteos de las viviendas protección oficial (VPO) que ya se han construido. También tienen en el ente dependiente del Ayuntamiento de Málaga un trabajo judicial menos visible, pero también laborioso. En estos momentos tienen abiertos 244 expedientes judiciales abiertos para efectuar desahucios en el parque público. De ellos, 160 son por okupas.

"Siempre que hay una okupación del parque públcio iniciamos el desahucio. Es un delito muy grave la okupación del parque público", señala Francisco Pomares, concejal de Vivienda. En los últimos cinco años, sin ir más lejos, los expedientes iniciados por okupación desde el IMV son los siguientes: 32 en 2020, 35 en 2021, 48 en 2022, 60 en 2023, 33 en 2024 y 15 en lo que va de 2025.

Además de los 160 iniciados por okupación, señala que hay otros por motivos como la mala convivencia o darle un uso distinto al de vivienda. Algunas, incluso, relacionados con investigaciones policiales. "Son 244 viviendas que si hubierámos recuperado podrían ser para 244 familias en riesgo de exlusión social a la que podría dar una casa mañana mismo si hubiera agilidad en el sistema judicial. Son familias que las necesitan urgentemente", señala. El parque total de vivienda pública es de 5.300, por lo que los expedientes son un 4% del total.

El concejal se queja de que los tiempos de la justicia son muy dilatados, "algunos procesos llevan ya más de dos años", dice, subrayando que incluso han tenido reuniones con "jueces y fiscales" para pedirles "la priorización de estos desalojos porque están cerciorando el derecho de otras personas, que las tienen adjudicadas, a acceder a estas viviendas".

"Ningún desahucio es por impago"

Desde 2008, coincidiendo con la crisis económica, el Ayuntamiento de Málaga no impulsa desahucios por impagos en viviendas. Esto supuso que en 2023 las deudas de inquilinos morosos con el IMV rozase los 30 millones. Pomares afirma que la cifra anual de impagos está en torno a los 3 millones de euros. De una expectativa de ingresos de 7 millones anuales, por lo que en la caja se quedan 4 millones.

Pero el año pasado, en 2024, se pusieron serios con este motivo. "El que no puede pagar, lo vemos como una inversión social, pero el problema es el que pudiendo pagar no paga. Porque con ese dinero podríamos hacer más vivienda y porque si no nos ponemos firmes con el que no paga, va a ser el último que pague", afirma. Entonces pusieron en marcha un equipo dedicado a esto. Y consiguieron reducir un 5% la deuda el año pasado.

"Siempre hay un tanto por ciento de morosidad, como en la privada, es normal, pero intentamos que sea conyuntural, no estructural". Así el proceso que inicia este equipo especializado es "muy lento, casi de acompañamiento". Pasa por recoger todos los datos de ingresos de la familia, tanto de Hacienda como de la Seguridad Social. Y se reunen con ellos. "El primer paso es intentar hacer un plan de pago de la deuda, el pago del alquiler y un porcentaje de lo que se debe", afirma Pomares. Este nunca supone en total más de un 30% de los ingresos totales de la unidad familiar. Si el impago se debe al desempleo, se hace un trabajo de acompañamiento y ayuda en la búsqueda de un nuevo puesto laboral.

Si el plan de pago no surte efecto, o el impago es estructural, es decir viene derivado de que con los ingresos que perciben no pueden hacer frente a la mensualidad del alquiler, "se le ofrece un cambio, una permuta, a una vivienda más asequible" dentro de las que hay en el parque público. El alquiler medio ronda los 230 euros en las viviendas construidas por el Ayuntamiento, si bien las últimas promociones están bastante por encima. Pero las que vienen de antaño cuentan con arrendamientos muy baratos "de 80, 100 o 150 euros", indica el concejal de Vivienda.

En caso de que ninguno de estos dos caminos fructifique, se pasa a un tercero: el proceso monitorio. Y se les avisa de que se iniciará un proceso de embargo, "cuando llega la carta del proceso de embargo, las familias suelen pagar", indica. En cualquier caso, subraya que el impago no es uno de los motivos de desahucio.

Sí pueden serlo, además de la okupación, claro, la mala convivencia o destinar la vivienda a otro uso que no sea el de vivienda. Algunos de ellos, incluso, tienen que ver con causas policiales.

Si bien es otro parque, hay que recordar que la Junta de Andalucía recuperó en 2022 70 narcopisos en VPO, que luego debió reformar para volver a ponerlos en el parque de vivienda público. El año pasado, sin ir más lejos, entregó 17 de ellos, ya reformados.