"Sale muy barato cometer delito de violación". Dos policías de Estepona agredieron sexualmente a una joven, de 18 años, en el apartamento en el que se hospedaba, después de que estos le "perdonaran" una multa a su amigo por alcoholemia. Cuatro años más tarde, los agresores ingresaron en prisión en 2018, aunque finalmente evitarán pisar la cárcel tras un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular que ha evitado que llegaran a juicio con la condición de someterse a un programa de "reeducación sexual" e indemnizar a la victima con 80.000 euros. 

"No sabemos los episodios de estrés postraumático que ha podido sufrir la victima para no querer revivir los hechos", asegura Carmen Martín, presidenta de la Plataforma Violencia 0. Mantiene que pasar por ese "calvario" puede ser "duro" e "innecesario". "Se debería continuar con el proceso judicial sin exponer de nuevo a la víctima delante de sus agresores", concluye con ira y cansada tras comunicar los datos del Ministerio de Igualdad a este medio asegurando que el número de violaciones ha aumentado en los meses de verano.

"La educación sexual entre mujeres y hombres es necesaria, y ya debería ser obligatoria en los colegios e institutos", subraya Martín. La presidenta de Violencia 0 mantiene que este problema viene desde abajo y hace referencia a la pornografía como una "distorsión de la realidad". "Hay que tomar conciencia y educar en igualdad entre hombres y mujeres", recalca.

Manifestación del 8M

Tras comentar el anteproyecto de ley de solo sí es sí y las modificaciones que tomará el Gobierno, Martín relata que quiere creer en la justicia: "Quiero creer que existe una reinserción para los agresores".

Por su parte, Andrea Barbotta, vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, también defiende que violar sale muy barato: "¿Una actividad de reeducación sexual?", se cuestiona Barbotta. "Se están riendo de todas nosotras, además de hacernos un flaco favor al resto de mujeres", añade. La vicepresidenta señala al resto de colectivos como protagonistas del incansable esfuerzo que hacen día a día por "cambiar las cosas" para que después "se rían de nosotras", asegura Barbotta.

9 de junio de 2018

Los hechos se remontan al 9 de junio de 2018. La sentencia recoge que la joven acudió con dos amigos a la Costa del Sol para celebrar que había terminado el instituto y con ello la prueba de acceso a la universidad.

Los tres amigos viajaron en coche desde la capital madrileña hasta Estepona, donde los padres de la víctima tienen un apartamento. Estuvieron en una discoteca, donde tomaron varias copas. "Al salir de nuevo a la calle todos se encontraban afectados por el consumo de alcohol, especialmente ella (la víctima) que no era bebedora habitual, por lo que se encontraba especialmente ebria, se tambaleaba y le costaba hablar con fluidez", describen los magistrados de la sección octava.

Vista exterior de la Ciudad de la Justicia

Según el relato de la denunciante, momentos después de que los tres amigos llegaran a su edificio en taxi, tras aparcar en coche por el aviso de los agentes, se personaron los dos agentes con el uniforme y con el coche particular  de uno de ellos después de "perdonarles" la multa. Tras mantener una breve conversación en la calle, propusieron a los jóvenes subir al domicilio y que les dejaran las llaves de la casa, a lo que accedieron por temor a que estos policías tomara represalias contra ellos. 

Momentos más tarde la victima se escapa pidiendo ayuda en locales cercanos a la vivienda, pero ya era tarde, finalmente le asiste un enfermero que se encontraba cerca de ella.