La decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem, Manuel García-Castellón, de embargar de 53 bienes inmuebles del ex comisario José Manuel Villarejo, principal inculpado en esta causa, se deja sentir de manera especial en la provincia de Málaga. Un territorio en el que se localizan 36 de las fincas que estaban registradas a nombre, principalmente, de sociedades vinculadas a Villarejo.

De acuerdo con el auto judicial, que pudo ser consultado por este periódico, de todas ellas, 19 se encuentran registrados en la localidad de Benalmádena; otros 19, en dos registros de Estepona, y una última finca en Torrox. Conforme a la ubicación y características señaladas en el documento, en el que no se especifica el valor de los mismos, puede concluirse que buena parte de estos bienes son viviendas, aunque también parecen incluirse trasteros y dos parcelas.

La orden dictada por el magistrado Manuel García-Castellón, fechada el pasado 1 de marzo, dos días antes de que fuese puesto en libertad, fija el embargo de todos estos bienes, así como el bloqueo y la prohibición de que disponga de las participaciones sociales ostentadas en las mercantiles que forman parte de su entramado empresarial. De acuerdo con la tesis manejada por el juez, estas mercantiles tienen una estructura circular de participaciones que hacen difícil averiguar quien es el titular real, a pesar de lo cual eleva a más de 20 millones el capital social de las mismas. 

Asimismo, precisa que en esas sociedades y cuentas relacionadas con el comisario, aparecen como socios, partícipes, administradores o apoderados otros investigados en la causa, como Rafael Redondo (socio); José Manuel Villarejo Gil (hijo); y Juan Carlos Escribano, quien fue uno de los testigos llamados por la UDEF para ir a declarar en contra del alcalde socialista Antonio Barrientos en la conocida Operación Astapa.

Imagen de archivo del municipio de Estepona.

A estas referencias hay que agregar el de Gemma Alcalá (mujer), a cuyo nombre aparecen dos pisos en Estepona y que fue administradora de la empresa Punto RS., propietario de diez inmuebles más en Estepona. Las 19 fincas registradas en Benalmádena aparecen a nombre de la entidad Beloso Baker & Asociados, gestionada por Cenyt Consultoría Organizacional, a nombre de Villarejo. 

En el auto, el magistrado indica que según lo hallado por Asuntos Internos el patrimonio inmobiliario localizado hasta 2018 en España y en el extranjero alcanzaría una valoración estimada de 16,7 millones de euros. Y recuerda que todo se gestionaba a través de sociedades interpuestas, como CPD Real State SL, propiedad todas ellas de Grupo Cenyt -cuyo titular real es Villarejo-. 

Fruto de la investigación realizada, el magistrado llega a la conclusión de que con CPD Real State SL el entramado llegó a aglutinar hasta 75 inmuebles en lugares como Estepona, Madrid o Benalmádena. De estas fincas, por medio de un auto de 2018, la Audiencia Nacional ya acordó el aseguramiento de 22, 15 de ellos en Estepona.

Otra de las referencias a la provincia contenidas en el escrito judicial tiene que ver con Marbella. En este caso para señalar que otra de las empresas con actividad inmobiliaria del entramado Villarejo era Autocobermar SL, destinada a la concesión de un aparcamiento público municipal en Marbella, y cuya explotación rendiría beneficios.