El 15 de marzo de este año 19 personas se sentaron en el banquillo de los acusados para ser juzgadas en el conocido como caso Ballena Blanca contra el lavado de capitales procedentes presumiblemente del tráfico de drogas y otros delitos. Aquel día, abogados, jueces y fiscales estaban convencidos de que el juicio se resolvería en seis meses. Sin embargo, ha transcurrido medio año y la vista oral ni siquiera ha superado la mitad de su recorrido. Ayer se reanudó el juicio, interrumpido durante el mes de agosto, para abordar el bloque sexto del caso. El tribunal optó por trocear el procedimiento y dividir en 17 grupos los hechos que la Fiscalía Anticorrupción considera delictivos para hacer posible la digestión del macrojuicio. Por tanto quedan todavía 11 bloques por enjuiciar, además del conjunto de los informes finales.

Estos seis meses han permitido explorar las deficiencias que plantea una investigación de esta magnitud en un juzgado pequeño y sin medios suficientes. El primer obstáculo surgió nada más comenzar la vista, cuando el tribunal comunicó la existencia de algo más de 600 archivadores con 200.000 folios obtenidos en los registros que no figuraban con el resto del procedimiento.

Esta incidencia motivó una suspensión de un mes para dar tiempo a los abogados a consultar este material. Con posterioridad, ya en mayo, el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero halló 10 bridas de documentos del caso Ballena Blanca entre los papeles de la operación Malaya. Ambos procedimientos fueron instruidos por el Juzgado de Instrucción número 5 y, al parecer, al enviarlos a la Audiencia para juicio algunas cajas se pudieron mezclar.

Aunque desde la Fiscalía se ha advertido que se trata de un "mero error", las partes han aprovechado esta circunstancia para poner en solfa garantías esenciales del procedimiento, como la cadena de custodia de la documentación.

Otro de los elementos singulares que definen esta causa es el voto particular emitido por el presidente del tribunal que la juzga, el magistrado Federico Morales, que, en contra de la opinión de sus compañeros de sala, considera que son nulos los primeros autos que dictó el juez de instrucción en los que autorizaba la intervención de los teléfonos. El asunto es esencial puesto que sobre esas primeras escuchas telefónicas se construyó el caso Ballena Blanca.

En la causa están imputadas 19 personas para las que la Fiscalía Anticorrupción pide 50 años de cárcel y 80 millones en multas por 40 delitos de blanqueo y 140 delitos de falsedad, entre otros. El centro es el abogado de Marbella Fernando del Valle, en cuyo despacho supuestamente se organizaban las tramas para blanquear.