Si el pasado 14 de enero la propiedad del edificio de Correos pasaba formalmente de manos de la Junta de Andalucía a las del magnate israelí Haim Tsuff, ahora acaba de ocurrir otro tanto con el Palacio de la Tinta. Tras su adjudicación en subasta a la mejor oferta económica, la formulada por el grupo hotelero Hotusa, desde ayer las escrituras de propiedad ya están a su nombre. Desde la compañía han informado a este periódico que se sigue adelante dado forma al proyecto de intervención sobre el inmueble, por el que han desembolsado unos 21 millones de euros.

El cierre de la operación de compraventa de ambos bienes ha obligado a la Administración regional a recolocar en las últimas semanas a los funcionarios de la Delegación de Sostenibilidad Ambiental que desde hace años venían desempeñando sus funciones en el antiguo edificio, cuya construcción data de 1908.

De acuerdo con los datos aportados a este periódico por el Gobierno andaluz, una parte importante de este contingente humano ha sido reubicado en el edificio que fue sede de Costas, en el Paseo de la Farola, mientras que otra veintena han sido destinados a la sede de AVRA.

A la espera de que se concreten los detalles de la actuación planificada por Hotusa, todo hace pensar en que la misma pasará por su reconversión en hotel de cinco estrellas. Las condiciones de mantenimiento y conservación que presenta el Palacio de la Tinta, según los propios informes elaborados por la Junta, obligarán a realizar una inversión muy elevada sobre el mismo. A esto se suma el condicionante urbanístico de que al tratarse de un bien con grado de protección arquitectónica de nivel I la máxima operación que va a poder desarrollar la nueva propiedad es la de rehabilitación.

Como parte del expediente de la pasada subasta estaba un informe de Cemosa, fechado el 28 de enero de 2009, que concluía "la existencia de diversas deficiencias", aludiendo de manera precisa a "patologías" que incidían sobre los elementos de la estructura, "bien a nivel de reducción de las condiciones de estabilidad y resistencia de éstos, o bien a su durabilidad".

En estas circunstancias, la Dirección General de Patrimonio llegó a dirigir un escrito el 29 de mayo de 2018 a la Secretaría General Técnica de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el que se le comunicaba "que se debía proceder al desalojo del edificio, dado que su estado de conservación no reunía las condiciones adecuadas de habitabilidad".