Las protestas que en los últimos días se han llevado a cabo en puntos de Extremadura, Galicia o Andalucía llegarán a la provincia del Málaga con la misma bandera: la de la precariedad de las explotaciones agrícolas y ganaderas infundida, sobre todo, por los bajos precios.

Lo que ocurre en el campo tiene una explicación humillantemente simple: la producción de un litro de aceite virgen extra está entre los 2,7 y los 2,8 euros, el precio de venta de los agricultores ronda los dos euros –entre 70 y 80 céntimos menos –y los consumidores pagan unos 3,8. “Los ciudadanos están pagando un precio elevado y el agricultor está arruinado, está vendiendo a pérdidas de manera constante y la situación es insostenible”, resume Antonio Rodríguez, secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Aunque con tres cifras el problema esté expuesto, las causas que lo generan no son tan sencillas. El campo viene décadas sorteando problemas estructurales que han generado una balanza en la que la formación de los precios está lejos de ser un resultado de los equilibrios entre la evolución de la oferta y los costes de producción y la demanda. “El problema es el desequilibrio que existe en la cadena alimentaria, en la que el agricultor es siempre el eslabón más débil porque no puede reflejar subidas de, por ejemplo, la electricidad o los carburantes, en el precio final”, asegura Rodríguez.

Un tractor trabajando en una explotación de ajos de Antequera.

Esta inestabilidad es, para Francisco Moscoso, secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la causante de que “los intermediarios y las grandes explotaciones, a mano con la especulación, sean quienes se lleven hasta un 400% más del coste”. García habla de un “oligopolio, cuatro o cinco multinacionales que concentra el sector de la alimentación” y que se reparten la práctica totalidad de los beneficios.

Las organizaciones coinciden en señalar que el sistema de formación de precios está resquebrajado por unos desajustes del mercado que piden a las administraciones competentes ordenar. Al desplome de los precios, se suman otras cuestiones como los incrementos en los costes de producción. En el marco exterior, el campo se encuentra además a la renegociación de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), que puede traer recortes. Al respecto, Rodríguez asegura que en estos momentos el sector no demanda ayudas ni subvenciones, “dinero que se pone sobre la mesa sin soluciones”, sino atajar el problema de la falta de rentas.

En el terreno internacional se suman también los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump y las exportaciones desde terceros países a un precio más bajo y con menores estándares que los exigidos por la Unión Europea, “una competencia desleal que habría también que regular”.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional un 27,5% ha sido la última piedra echada a la mochila de los agricultores y ganaderos, aunque coinciden en señalar que no es en absoluto el problema y que este no se solventaría volviéndolo a bajar. “Demasiado desagracia tiene el que esté cobrando 900 euros ya, la clave no está ahí sino en los precios de los productos, que no se rigen por la realidad”, explica Moscoso, en la misma línea que Rodríguez. “Debe haber un SMI digno, pero nosotros también tenemos que recibir un precio digno por nuestros productos”, asevera este último.

Una agricultora trabajando en la Vega de Antequera.

En una nota de prensa previa al anuncio de las movilizaciones en Málaga, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) reivindicó también medidas para dignificar la figura del agricultor y del ganadero como empresario: "Estamos recibiendo ataques de una parte de la sociedad contra nuestro modelo de producción cuando con el trabajo y con nuestro esfuerzo lo único que hacemos es generar empleo estable en las zonas rurales, proporcionar alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad. Los agricultores y los ganaderos no somos el problema, hemos sido, somos y seremos la solución".

El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció el martes que va a citar a todos los actores involucrados en la cadena alimentaria, incluidos los supermercados y la industria, par intentar buscar una salida a la crisis del sector. De la misma forma, mencionó una serie de medidas que podrían ir desde la subida de la dotación pública a los seguros agrarios a una modificación de la ley de la cadena alimentaria.

“Es necesario establecer unos precios de salida mínimos para cada producto que impida que por debajo de estos se pueda comercializar –lo que en la jerga económica se conoce como dumping–. Tan malo son los precios bajos como los altos, el campo necesita estabilidad”, incide Moscoso.