La Fiscalía sostiene que el profesor de Derecho de la Universidad de Málaga involucrado en el caso Cátedra y un abogado prometieron a un promotor de Villanueva de la Concepción conseguir la legalización una obra a cambio de 50.000 euros.

El escrito de acusación provisional emitido por el Ministerio Público indica que las obras se habían levantado en el Cortijo Los Hierros sin licencia y que habían dado lugar a la apertura de diligencias de investigación en la Fiscalía por posible delito contra la ordenación del territorio. En diciembre de 2009 el abogado Manuel G. y el profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Málaga Juan Francisco H., en calidad de asesor jurídico, "le propusieron con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito" "conseguir la legalización de la obra y el archivo del expediente urbanístico" si entregaba 50.000 euros, según la tesis que mantiene el fiscal.

De acuerdo con la versión del Ministerio Público, una parte esencial del plan recaía sobre el profesor porque el entonces alcalde de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva (Foro Andaluz) era alumno de la Facultad de Derecho y podría lograr que legalizara la obra "a cambio de ofrecerle el aprobado en las asignaturas de Derecho Procesal que le restaban para finalizar la carrera universitaria".

El promotor supuestamente extorsionado denunció lo que ocurría el 15 de abril de 2010. Durante el mes y medio posterior el profesor y el abogado concertaron varias citas con él que se celebraron bajo vigilancia policial. En estos encuentros, el dueño de la obra ilegal "aceptó la propuesta recibida" aunque finalmente se rebajó la cifra de 50.000 a 30.000 euros.

Afirma la Fiscalía que ambos "informaron periódicamente" al promotor de los "supuestos avances" que lograban en la legalización de la obra y que llegaron a recibir 11.000 euros en concepto de adelanto.

Pero a pesar de lo prometido "y a sabiendas de su imposibilidad", el profesor Juan Francisco H. nunca llegó a realizar ninguna gestión para que le aprobaran al alcalde las asignaturas de Derecho Procesal que le faltaban para terminar la carrera, según se explica en el escrito de acusación provisional, mientras que Manuel G. llegó a comprarse un reloj con parte del dinero adelantado.

El Ministerio Público subraya también que el alcalde "aceptó el aprobado" que el profesor le ofrecía "en atención a su cargo y a la posible legalización de la obra".

Además, el escrito de calificación recoge también que Juan Francisco H., a petición del abogado, hizo constar en las actas de calificación que una amiga del letrado no se había presentado en el curso 2009/2010 al examen de febrero de la asignatura Técnicas de Liquidación Tributaria de la diplomatura de Empresariales, a pesar de que la estudiante había realizado "la correspondiente prueba obteniendo el consiguiente suspenso en la materia".

La Fiscalía acusa al alcalde de un delito de cohecho del artículo 426 del Código Penal. Se trata de la misma modalidad delictiva que se aplicó en el asunto de los trajes del ex presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, que tiene la particularidad de no perseguir a quien ofrece el soborno, sino exclusivamente a quien lo acepta o lo pide. El Ministerio Público exige para Ernesto Silva una pena de seis meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, es decir 3.600 euros.

Al profesor Juan Francisco H. y al letrado Manuel G. les atribuye un delito de tráfico de influencias por el que solicita para cada uno de ellos un año de prisión. Sin embargo, en este caso el Ministerio Público ha planteado ya una calificación alternativa de estafa por la que pide nueve meses de prisión y cinco meses de multa a 20 euros diarios (3.000 euros). También acusa al profesor de Derecho Tributario de otro delito de falsedad porque supuestamente anotó en el acta universitaria un no presentado en lugar de suspenso. Por este segundo asunto le reclama otros tres años de prisión.

Esta es una de las piezas en las que se dividió el caso Cátedra. El Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera todavía tramita otra causa en la que se investiga al ex alcalde de Villanueva de la Concepción, al responsable de urbanismo anterior del municipio y al ex arquitecto municipal junto a varios promotores de obras en el pueblo por delitos contra la ordenación del territorio.