Cártama pondrá cámaras tras retirar 26 toneladas de vertidos ilegales de la ribera del río Grande

Por segunda vez en un par de meses, el Ayuntamiento de Cártama ha retirado vertidos ilegales de las inmediaciones del río Grande. En total, este jueves recogió 26 toneladas de basuras, entre sillones, colchones, maderas, escombros, muebles, brozas, neumáticos... Junto con la anterior limpieza, estima que se ha gastado 15.000 euros, pese a que entiende que la Junta de Andalucía es la Administración “competente en la zona”. No lo entiende así la Junta, que achaca la responsabilidad al Consistorio. Tanto la Delegación de Sostenibilidad como la de Agricultura esgrimen que "es competencia municipal".

Tras quitar las basuras y recordar que las multas por vertidos ilegales pueden llegar a 3.000 euros, el Ayuntamiento informó que avanza en los trámites para instalar cámaras de videovigilancia en el entorno. “El objetivo es disuadir a los infractores y evitar la acumulación de residuos fuera de las zonas y contenedores habilitados para tal fin”, ha explicado el concejal de Servicios Operativos y Gestión de Residuos, Francisco Montiel. Este periódico publicó el jueves la queja de vecinos por los vertidos incontrolados en el área de Casapalma, cercana al río Grande, un afluente del Guadalhorce. Precisamente, ese día ya trabajaban en el punto denunciado por habitantes de los diseminados próximos un camión y un excavadora para limpiar el improvisado vertedero.

Montiel ha resaltado que la recogida ha sido “costeada y ejecutada” por el Ayuntamiento “lo que supone un esfuerzo en materia económica y de personal para la Administración local”. Porque, ha afirmado, esos recursos podían destinarse a mejorar otras zonas de la localidad en vez de en estas labores de limpieza que, entendemos corresponden a la Junta de Andalucía”.

En cambio, la Administración autonómica sostuvo tras la queja vecinal que “el Ayuntamiento tiene la competencia y responsabilidad en la gestión de los residuos, la aprobación de licencias y la posibilidad de exigir a los generadores que contraten servicios de gestión, así como la supervisión del cumplimiento de las normativas locales y la sanción de vertidos ilegales”. Además, avanzó que la Delegación de Sostenibilidad va a “limitar el acceso próximo al monte público para evitar en lo posible que se sigan depositando escombros y basura”. A su vez, la de Delegación de Agricultura, a través del Servicio de Dominio Público Hidráulico, ha remitido un escrito de requerimiento al Consistorio para que adopte las acciones correspondientes ya que la gestión del tipo de residuos del que se trata "es una competencia municipal"; una afirmación que sustenta en cuatro leyes y un decreto.

Por otra parte, el edil de Policía Local cartameña, Juan Francisco Lumbreras, ha precisado que desde principios de agosto y con motivo de la campaña de control de vertidos en la vía pública, se han propuesto para sanción casi un centenar de multas, una iniciativa para paliar los efectos del depósito de residuos sin control, en especial en zonas diseminadas o de difícil acceso y que suponen “todo un riesgo para la salubridad y para la imagen de la localidad”. El concejal ha destacado que la labor “no es sencilla debido a la orografía del municipio, con numerosas zonas diseminadas y separadas entre sí, lo que dificulta el control de las mismas”.