Las 400 casas de Pedregalejo y El Palo esquivan la piqueta

Un nuevo suspiro de alivio entre tantas décadas de incertidumbre y desazón. Los vecinos de las 400 casas de pescadores de El Palo y Pedregalejo ven cómo sus viviendas reciben la amnistía del Gobierno central, que en el marco de la nueva Ley de Costas, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, excluye estas zonas del dominio marítimo-terrestre. Paso que, de facto, difumina la amenaza de la piqueta, presente en el día a día de estos barrios desde hace años.

De acuerdo con las previsiones marcadas en el documento, la pretensión es que los dueños de estas viviendas puedan llegar a recuperar la propiedad de las mismas, si bien, como paso intermedio, el terreno será del Estado, que previsiblemente lo adjudicará a los ocupantes por un precio simbólico o lo permutará con el Ayuntamiento. Y todo ello después de que la Dirección General de Costas apruebe definitivamente la propuesta de deslinde que está tramitando en la actualidad y que llevaría esta línea cerca de la actual carretera, salvando las construcciones.

El modelo a seguir es semejante al vivido a principios de 2011 con las casas de Las Protegidas, en la zona de El Palo, algunos de cuyos inquilinos pudieron hacerse con su propiedad tras esperar hasta 50 años. En este supuesto, los moradores pagaron por sus casas entre 4.900 y 10.400 euros.

La satisfacción es el denominador común entre los vecinos beneficiados. "Es una reivindicación histórica de la barriada; estamos muy satisfechos por la actuación", expresó Antonio Delgado, presidente de la Asociación de Vecinos Pedregalejo. No obstante, no oculta ciertas dudas sobre el contenido de la modificación legal. "No sabemos si eso pasa a Patrimonio del Estado; si los vecinos tienen que ser los que vean lo de la propiedad", expuso.

Las sensaciones en la Asociación de Vecinos de El Palo son de no pocas dudas. "No se aclaran ni los políticos; nadie explica de manera clara la situación en la que quedan estas casas", señaló Francisco Leal, miembro de la junta directiva de este colectivo. El interrogante es si el cambio de ley se aplica con 75 años más de concesión o supone una solución definitiva. En caso de que sea esta última vía, Leal tiene claro que la mayoría de los inquilinos está dispuesta a pagar por e suelo sobre el que se asientan las construcciones, aunque pidió diferenciar entre las familias que "llevan 150 años, de las que han comprado con fines especulativos".

La nueva ley también contempla la posibilidad de ampliar otros 75 años las concesiones otorgadas a construcciones levantadas antes de la ley a cambio de un pequeño canon que está aún por definir. Sus ocupantes tendrán la opción de vender las concesiones, algo que estaba prohibido, y hacer reformas, siempre que no aumenten su volumen ni altura.

Otra mención considerable es la que se hace en la nueva normativa a los chiringuitos, elementos sustancial del turismo de la provincia de Málaga. Las construcciones fijas, tipo restaurante (caso de las instalaciones del paseo marítimo de poniente, en Málaga capital) verán aumentado el plazo de concesión a 75 años, mientras que los desmontables tendrán autorizaciones de hasta cuatro años. En la provincia hay en torno a 400 instalaciones. El representante del sector en la provincia, Manuel Villafaina, mostró su satisfacción por el pasado dado por el Gobierno, "porque nos da una mayor seguridad jurídica". Esta actividad genera en Andalucía unos 40.000 empleos.