Son viviendas de alquiler utilizadas como “centros de prostitución” en los que residen mujeres repartidas en habitaciones con disponibilidad a cualquier hora de la noche y en condiciones precarias. El negocio ha llegado a generar un volumen mensual de hasta 40.000 euros. La Policía Nacional estrecha el cerco a las llamadas casas de cita, cuya actividad sexual se ha intensificado en los últimos cuatro años tanto en la capital como en distintos puntos de la provincia. Y tanto es así que,  en palabras del inspector jefe de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) en Málaga, Antonio de Haro, la prostitución ahora tiene “más incidencia” en las viviendas particulares que en los clubes de alterne, donde antes “estaba más focalizada”.

El reflejo de cómo han evolucionado las casas de citas lo constituyen las numerosas denuncias vecinales de las comunidades afectadas, que tienen que lidiar con el continuo tránsito de clientes a horas intempestivas y molestias por ruido nocturno. El fenómeno, atestigua el mando policial, no es reciente pero  cada vez está “más acentuado”. “Hay mucha demanda de prostitución en la Costa del Sol, sobre todo en verano. Es la nueva realidad que nos encontramos”, explica. Detrás de las víctimas, en su mayoría mujeres sudamericanas, suelen estar organizaciones compuestas por entre cuatro y cinco personas que asumen la gestión de varias viviendas en las que se ofrecen servicios sexuales.

"Hay mucha demanda de prostitución en la Costa del Sol, sobre todo en verano"

Las tarifas oscilan entre los 50 y los 150 euros. Aunque resultan más económicos que en el caso de los clubes, los costes se duplican con el desplazamiento de prostitutas de lujo –o scorts– hasta zonas de mayor nivel o donde decida el cliente, que paga además del servicio sexual el traslado.  

El responsable policial advierte de la laboriosidad de estas investigaciones por la escasez de herramientas legales para erradicar la prostitución en inmuebles privados, donde, en sí misma, no es ilegal. “Es muy complicado atajarla porque no tenemos un acceso fácil a los pisos y para inspeccionarlos solo podemos entrar con mandamientos judiciales, muy difíciles de obtener porque los juzgados son muy garantistas”, sostiene el investigador.

A ello se suma la dificultad para identificar como víctimas a las mujeres que residen en estos inmuebles. “Algunas vienen de su país de origen creyendo que van a tener una relación laboral normalizada. Otras saben que van a ejercer pero con condiciones económicas y de salubridad disparatadas. Nada que ver con lo que se les ha ofrecido”, relata.

La identificación de las víctimas y las escasas herramientas legales dificultan las pesquisas

La falsa promesa de cambiar de vida tras poner rumbo a Europa forma parte del modus operandi de las mafias de las pateras, que incluso dejan embarazadas a  mujeres para que no sean expulsadas a su país. Las víctimas adquieren así una deuda que deben saldar de un modo u otro. El inspector de policía reconoce la efectividad de la presión ejercida para frenar la trata de seres humanos, principalmente nigerianas, que llegan “engañadas”. “Hemos desarticulado organizaciones muy fuertes asentadas en Málaga y eso se ha traducido en que en el polígono, donde antes se veía a entre 40 y 50 chicas, ahora no quedan más de 8 o 10”, precisa.  

Uno de los últimos golpes que la Policía Nacional ha asestado a redes de explotación sexual permitió hace unos meses la liberación de ocho mujeres que estaban siendo sometidas en un chalé de Marbella con zonas de lujo reservadas a los clientes. Se prostituían en sótanos, a los que se podía acceder “simplemente bajando las escaleras”. Allí convivían “en condiciones infrahumanas”, relata el jefe del grupo policial.

Engañadas bajo una oferta de empleo en una "casa de masajes"

La captación de las mujeres se producía en España. En ocasiones acudían de manera voluntaria al prostíbulo aunque otras veces eran engañadas bajo una oferta de empleo en una “casa de masajes”. Una vez allí, les imponían “un régimen de multas, de jornadas agotadoras y de amenazas”. “Los dueños del negocio eran bastante violentos y traficaban con droga a niveles importantes”, señala el inspector De Haro, que subraya lo laborioso de acreditar la venta de estupefacientes en las casas de citas. 

Hubo 21 detenidos. El núcleo duro de la trama estaba formado por una familia portuguesa –el padre, la madre y el hijo– que llegaron a lucrarse con un beneficio económico de entre 30.000 y 40.000 euros mensuales. Su estatus les permitía vivir en una casa que tenían alquilada por 4.000 euros, muy cerca de donde, presuntamente, explotaban a las chicas,  Una cuarta persona facilitaba, presuntamente, la droga a los clientes. Los otros arrestados trabajaban para la familia que dirigía el negocio. La Fiscalía no pidió prisión para ninguno de ellos.