Las casas de citas en Málaga: la nueva “bomba de relojería” de los proxenetas

Dormían, hacinadas, en un salón que hacía las veces de habitación. Con disponibilidad las 24 horas, eran forzadas a prostituirse en condiciones infrahumanas –incluso con el ciclo menstrual– y obligadas a consumir estupefacientes para soportar el ritmo bajo una férrea vigilancia y un taxativo sistema de sanciones. Sólo les correspondía el 50% de las ganancias. De la vivienda –donde recibían a una media de 10 clientes al día– no podían salir más de una o dos horas; el resto de la jornada permanecían encerradas. “Casi no abrían las puertas. Nos resultó muy complicado llegar hasta ellas”, describe en una entrevista con este periódico el jefe del Grupo I de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Comisaría provincial de Málaga. Así operaba en el barrio de El Ejido el último burdel ‘de los horrores’ desarticulado por la Policía Nacional. Allí se escondía desde hacía dos años un negocio dedicado al sexo del que los investigadores han podido liberar a seis víctimas. Pero se sospecha que había muchas más. Quien manejaba los hilos era un viejo conocido de los investigadores al que en 2020 ya habían engrilletado por someter a mujeres en casas de citas. Ahora, el principal investigado de la trama sigue en prisión, a la espera de juicio.

El último prostíbulo que le rendía beneficios era uno de los cientos que funciona a pleno rendimiento. En Málaga, se han convertido en una verdadera plaga. Si hace apenas unos años la mayoría se concentraba en barrios muy concretos, los pisos donde se negocia con sexo han proliferado al punto de que no hay distrito que no cuente con un buen puñado de ellos. “Están en cualquier sitio. Podemos encontrar desde mansiones similares a los clubes de alterne, con 10 o 12 mujeres trabajando, hasta viviendas distribuidas en toda la localidad malagueña”, afirma el responsable policial del grupo especializado en investigar delitos relacionados con la inmigración irregular y el tráfico de personas.

Los proxenetas se conocen al dedillo las bonanzas de la legislación española, y aprovechan la manga ancha para alquilar viviendas donde explotar sexualmente a estas mujeres. “Hay organizaciones que ocupan casas ilegalmente y se ahorran el alquiler. La rentabilidad es absoluta”, explica. También hacen uso de pisos turísticos y, recientemente, se están estrenando en la compra de inmuebles para explotar a las víctimas sexuales. “Algunas organizaciones empiezan ya a adquirir viviendas. Es una forma de blanquear y ganar más dinero”, sostiene el inspector.

La Policía ha constatado que la prostitución más numerosa es la que se esconde en estas casas de citas. Cada vez más mujeres salen de los polígonos e incluso de los clubes de alterne, casi simbólicos ya. “Lo que han hecho es llevarlas a un lugar oscuro para que no estén expuestas en la vía pública y así evitar que la Policía pueda acceder a ellas y entrevistarlas. Las ocultan en pisos, que ofrecen una privacidad absoluta y nos complica mucho la labor”, atestigua el experto.

Que la explotación sexual se haya consolidado en inmueble privados “no es algo que haya ocurrido al azar”. Las mafias “han buscado la vía” para asegurar el éxito del negocio, ahora con un amplio dispositivo de medidas de seguridad. “Aquí, los grandes se cuidan mucho por todas las investigaciones que ya ha habido”, precisa el policía.

Para lograr ese anonimato, la prostitución se ejerce en bloques de dimensiones más reducidas –y con menos residentes– para que las prostitutas puedan pasar desapercibidos, sorteando así las quejas vecinales, que “son un problema” para el proxeneta. Esa es la otra vertiente de esta realidad: la alarma que el fenómeno genera en las comunidades afectadas. Desde clientes llamando a horas intempestivas al telefonillo, hasta los que acaban dormidos y ebrios en el descansillo.

Descarados anuncios

En el caso del burdel de El Ejido, a sólo unos metros del Centro de la capital malagueña, algunas de las víctimas habían sido captadas por descarados anuncios ofrecidos en buscadores muy conocidos en el mundo del sexo. Como un “Tripadvisor”, apunta el investigador, en el que el cliente valora la casa de citas y pone nombre a las chicas. A nivel penal, los investigadores están atados de pies y manos. “No hay nada que hacer” contra estas plataformas.

La otra vía de reclutación es el “boca a boca”. “En Colombia es vox populi esta forma de ganarse la vida”, subraya el jefe de la Ucrif. En cualquier caso, el perfil de las víctimas no suele variar: extranjera y dispuesta a prostituirse para llevar dinero a su familia. “No sólo vienen de Sudamérica, en España las hay que también reúnen estas características y pasan de una casa de citas a otra en las mismas condiciones”, atestigua el policía.

La deuda, entre los 2.000 y los 4.000 euros

La libertad la consiguen pagando. La mayoría suele contraer una deuda que oscila entre los 2.000 y los 4.000 euros, billete de avión incluido. Si tratan de huir, la situación se les complica. Nunca abandonan antes de pagar porque las amenazan con localizar a su madre o a su hijo en su país de origen. En algunos casos, el proxeneta extiende sus tentáculos también desde las cárceles. “Si les cortamos su fuente de ingresos se quedan sin dinero. Ha habido víctimas a las que le han seguido exigiendo una cantidad o han mandado a alguien a su casa a Colombia”, asegura el mando policial. El reto es dejar a las redes sin blanca. Los investigadores rastrean su patrimonio para desenmarañar el recorrido del dinero en efectivo. Pero las empresas ficticias que emplean para canalizar los beneficios cada vez se lo ponen más difícil.

En la investigación más reciente, una llamada al teléfono específico de la Policía Nacional para luchar contra la explotación sexual fueron el principio del fin de la red criminal. Al frente de la cúpula estaban, presuntamente, un compatriota de las víctimas buscado por una causa judicial anterior por otro delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Él dirigía la casa de citas, su pareja sentimental controlaba a las mamis, encargadas de vigilar a las mujeres explotadas y del buen funcionamiento del negocio. El entramado, perfectamente estructurado, reclutaba a féminas vulnerables. Las condiciones de trabajo impuestas eran abusivas. Trabajaban los siete días a la semana, al margen de que estuvieran enfermas. Y debían mantener relaciones sin preservativo.

Durante la investigación, la Policía también descubrió que las mujeres eran obligadas a ofrecer a los clientes sustancias estupefacientes. “El negocio era redondo. Intentaban suministrarle drogas para que los servicios se hicieran más duraderos y también a las chicas para que aguantaran el ritmo”, revela el inspector. Les facilitaban cocaína, el psicoestimulante ilegal más usado en el mundo, y otras sustancias, como Viagra, la respuesta más inmediata al miedo al fracaso sexual. En suma, una “bomba de relojería”. “Cada hora pagaban unos 100 euros. Y los había que se quedaban cuatro o cinco o incluso pedían dos chicas. Los beneficios se multiplicaban”, detalla el responsable policial.