Más de 15 años han pasado desde que comenzara la investigación del caso Astapa por presunta corrupción en el entorno del Ayuntamiento de Estepona, donde uno de los principales investigados es el exalcalde socialista Antonio Barrientos, y cuyo enjuiciamiento encara la Audiencia Provincial de Málaga, para lo que ha pedido un refuerzo de personal ante la dimensión de la causa.

La investigación se inició en 2006 tras denunciar concejales del PSOE ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción en el Consistorio esteponero. Desde entonces, y hasta ahora, el recorrido del procedimiento judicial se ha dilatado durante 15 años y el exalcalde ha llegado a pedir judicialmente que se investigue la posible y supuesta vinculación del excomisario José Manuel Villarejo. 

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Málaga encara ahora la vista oral después de recibir el pasado mes de julio “en su integridad las actuaciones” para enjuiciar “los autos correspondientes al procedimiento”, instruido con anterioridad por el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, según una providencia a la que ha tenido acceso este diario y que se ha dado a conocer esta semana.

La magnitud del caso ha hecho que el tribunal haya solicitado un refuerzo de personal para abordar la celebración de la vista oral, y de forma previa al “señalamiento del acto del juicio” solicita “el nombramiento de funcionarios, técnicos informáticos y demás personal auxiliar estimados necesarios para la tramitación del procedimiento”, así como la designación de “dos magistrados para actuar en la Sección Tercera”.

El procedimiento cuenta con “128 tomos principales que contienen la instrucción de la causa” con más de 71.000 folios, según el documento, a lo que se suman otros “646 tomos constituidos por piezas documentales”, constando éstos de “260.472” páginas, además de “diversas piezas separadas de situación personal, de responsabilidades pecuniarias y civiles”, así como de “medidas cautelares, de apertura de correspondencia y de documentación bancaria”, lo que en su conjunto hace que el caso sume un total de 351.114 folios.

La dilación del procedimiento judicial ha sido denunciada por alguno de los abogados defensores de la causa, tras abrir el pasado año el instructor un plazo para la presentación de los escritos de defensa del medio centenar de investigados con los que cuenta el caso Astapa.

De este modo, la Audiencia Provincial de Málaga se prepara para encarar el enjuiciamiento del caso, cuyo auto de apertura del juicio oral se dictó por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona en 2018, donde el juez declaraba a la Audiencia Provincial de Málaga como el órgano competente para enjuiciar el proceso judicial. De ese año también data el escrito de acusación del fiscal, donde solicita 10 años y 9 meses de prisión y 38 de inhabilitación para el exalcalde, Antonio Barrientos, acusado de presuntos delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Asimismo, el documento acusa a exconcejales, empresarios y empleados municipales entre el medio centenar de personas investigadas, según público la agencia Efe el pasado año, y se pide el sobreseimiento de 39. Según el escrito del fiscal, entre 2003 el primer semestre de 2007, el gobierno de coalición formado por PSOE y el Partido de Estepona (PES) creó supuestamente “una caja B en el Ayuntamiento para aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios” municipales.

El fiscal mantiene que la caja B se nutria de aportaciones económicas de promotoras y empresarios con intereses inmobiliarios “que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales”.

Estas aportaciones se traducían en “donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales” o “la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores” y que supuestamente los empresarios aceptaban para no perjudicar oportunidades de negocio.

De cara a la celebración del juicio del caso Astapa, se prevé la comparecencia de “284 testigos y 48 peritos propuestos por las partes”, así como “en los escritos de defensa de los acusados se plantean o anuncian diversas cuestiones previas”, según la providencia de la Audiencia Provincial de Málaga en la que solicita un refuerzo del personal para el enjuiciamiento de la causa.

Además, al total de 351.114 folios que abarca el procedimiento judicial, el tribunal añade que forman parte de la causa investigada “múltiples CD y discos duros, conteniéndose en ellos diversos anexos con documentación intervenida aportada por la Policía o los investigados durante la tramitación” del mismo.

De esta forma, en la solicitud de personal destaca “el volumen y la complejidad” que supone el enjuiciamiento del caso Astapa, en el que “figuran 3 acusaciones” y el número de “acusados” asciende a 50, más “otras 27 personas o entidades citadas por el Ministerio Fiscal como responsables subsidiarias o responsables a título lucrativo”.

Las consecuencias de la tardanza en la resolución del caso vienen siendo advertidas desde hace casi una década, y ya en el año 2014 la delegada del Colegio de Abogados de Málaga en Estepona, Pilar Mayor, denunció que los Juzgados de Estepona estaban en una “situación totalmente ingestionable”, así como reconoció que no tenían la capacidad para afrontar un caso de la magnitud de Astapa.

Por aquel entonces, la abogada alertaba de que el retraso en la instrucción podría acarrear “consecuencias muy graves, sobre todo cuando se dicte la resolución, porque todos los abogados presentarán una batería de recursos que van a atascar el Juzgado".

Al mismo tiempo, la representante del Colegio de Abogados de Málaga en Estepona declaraba en 2014 que “la dilación indebida es clara y palpable” en la causa, asegurando que “seis años en fase de instrucción y sin finalizar vulnera las garantías constitucionales de cualquier imputado”, habiendo pasado en total 15 años desde que se iniciara la causa judicial a día de hoy.

Por aquel entonces, ya el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reiteró en su memoria anual de 2014 que la justicia tiene que ser rápida para ser justa y consideró “imprescindible” garantizar más y mejores herramientas a los juzgados que se ocupan de casos “voluminosos y complejos” como Astapa, al tiempo que apuntaba a la necesidad de fotocopiadoras especiales para digitalizar toda la documentación.

Un año después, en 2015 el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) reclamaba duplicar el número de funcionarios en el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona para evitar la parálisis del caso Astapa, solicitando a la Administración regional la creación de nuevas plazas en primera Instancia y el envío de refuerzos en segundo lugar, con un procedimiento que sumaba un centenar de personas investigadas.

En su memoria anual de 2015, el alto tribunal andaluz hacía alusión al caso de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, y se sonrojaba por la dilación en la instrucción de Astapa, que sumaba ya 8 años. Así, el documento reflejaba su preocupación ante la posibilidad de que se concedieran nuevas prórrogas en la investigación judicial: “Aparte de la lógica preocupación, sonroja, pues la posibilidad de prórroga de plazos procesales para instrucción cuando ya llevan transcurridos siete u 8 años”.

En la memoria anual de 2015, el TSJA hacía alusión a las consecuencias que conlleva una demora de estas dimensiones, y apuntaba a “posibles prescripciones, infracción del plazo razonable, aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas, etc”, y justificaba los retrasos en el funcionamiento del sistema judicial, declarando que la tardanza es “la cruda realidad que demuestra que tenemos una justicia débil, y por tanto, una democracia que también lo es”.