Trece condenados, 461.370 cajetillas de tabaco ilícito incautadas y penas que, solo en el caso del principal organizador, alcanzan los dos años de prisión. Para el resto, el castigo por introducir en España un contenedor cargado con esta sustancia por el puerto de Málaga en un navío procedente de Dubái apenas supera los 14 meses. Así es la sentencia que ha ratificado el Tribunal Supremo para la banda de contrabandistas que evadió 671.217 euros en impuestos, cantidad con la que ahora deberán indemnizar a Hacienda en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos juzgados se remontan al año 2012, cuando una investigación iniciada en el ejercicio anterior permitió interceptar un contenedor en una nave del polígono industrial La Estación en el municipio madrileño de Griñón que escondía cerca de medio millar de paquetes de tabaco extracomunitario. El vehículo había entrado en España por el puerto malagueño en un navío que tenía como destino Galicia.

El principal acusado, según refleja el escrito judicial al que ha tenido acceso este periódico, había organizado a finales de 2011 una operación de importación de un contenedor atestado de tabaco de contrabando. La Sala de lo Penal del Supremo entiende que, en “permanente contacto” con un sudamericano establecido en Chipre, el cabecilla “organizó, financió y supervisó la operación”. Ambos, que habían gestionado por teléfono el envío, buscaron la fórmula para pagar por anticipado el tabaco que adquirían a los suministradores, además de procurarse una mercancía de “lícito comercio” (la que declararían) para “colocar como cobertura para la sustancia”.

Los enjuiciados, a los que se les imputa un delito de contrabando –en grado de tentativa en algunos casos– falsificación de documentos mercantiles e integración a grupo criminal, tenían repartidas las tareas. Varios de ellos se ocuparon de los trámites administrativos necesarios para introducir el contenedor en España. Así, uno facilitaba el nombre de la empresa que figuraría como importador, mientras que otro trataba directamente con el agente que haría la gestión ante la Aduana de Málaga. Un tercero asesoraba a los anteriores sobre “cómo aparentar que el contenedor transportaba una carga normal”. Al proceso le “urgía”, reza la sentencia del Supremo, tener en su poder los datos que le permitieran hacer el seguimiento de por dónde circulaba el container. Y paralelamente, había que coordinar “la reventa” de la sustancia que iban a recibir otros intermediarios de la cadena de distribución en Galicia. 

El contenido del paquete era parte esencial de la operación. Y de ahí la urgencia de su recepción, que culminaría en una reunión que dos de los acusados mantuvieron en una cafetería situada en Ourense. Al día siguiente, uno de ellos ofreció en Vigo a un individuo la posibilidad de venderle el cargamento de 900 cajas que estaban a punto de recibir para que él lo distribuyese. Tras ello, se hizo pasar por una supuesta persona de contacto de la empresa destinataria ante la agencia marítima y de aduanas en el puerto de Málaga, a fin de que ésta le tramitara ante la Aduana el despacho del contenedor.

Los contrabandistas necesitaron 4.500 euros para los gastos correspondientes a IVA, aranceles y transporte hasta Madrid. El 14 de enero de 2012, el vehículo fue descargado desde un buque y, dos días después, despachado por parte de un agente. La banda criminal condenada falsificó, además, una factura comercial. 

A las 8 y media de la mañana del día 17, el camión que transportaba el contenedor entró en la nave, con cinco de los miembros del grupo criminal a la espera de efectuar la descarga. Todos ellos se repartieron los roles para “acarrear cajas, vigilar el recinto y supervisar las tareas”. En el exterior permanecían dos empleados de la empresa que explotaba la nave, ajenos a la trama, habían acudido con normalidad a su puesto de trabajo.

El estallido de la operación 

Así estalló la operación policial. Funcionarios de Vigilancia Aduanera detuvieron a varios de los procesados. El contenedor que se adentró en el puerto de Málaga desde Dubái a bordo de un buque mercante fue “vigilado en todo momento, desde su llegada hasta Griñón”, donde quedó intervenido. El recuento y valoración del contenido llevó a decomisar 121.450 cajetillas de Yesmoke Negro y 339.920 de Yesmoke Rojo, con un precio total de 853.534 euros. 

Ese mismo día, se dio captura a otros cinco acusados. Solo uno , a quien se consideraba el organizador principal, permaneció privado de libertad hasta dos meses después. Durante la celebración del juicio oral, uno de los contrabandistas acabó admitiendo que ambos habían colaborado “conscientemente” para el transporte de las cajetillas de tabaco ilegal.

Casi 100.000 cajetillas en un contenedor en Alicante

No era la única gran operación que la banda tenía planeada. Durante las pesquisas, los investigadores descubrieron otra carga de tabaco de contrabando que estaba siendo organizada. Fracasaron. Un contenedor con seis palés con 192 cajas de tabaco procedente de las Islas Canarias de varias marcas fue interceptado en una nave del puerto de Alicante. Había 96.000 cajetillas, a las que habrían correspondido un total de 269.340 euros en impuestos que también eludieron.