Los centros especiales de empleo, contra las cuerdas por los impagos de la Junta

Los centros especiales de empleo, que en Málaga dan trabajo a miles de personas con alguna discapacidad física, intelectual o sensorial, se encuentran contra las cuerdas y "al borde del abismo" en este momento, en una situación que califican de "sangrante". La razón es que arrastran impagos de 20 meses atrás por parte de la Junta de Andalucía que, según cálculos de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Málaga (Aceema), podrían alcanzar los siete u ocho millones de euros entre las 71 entidades que hay.

El compromiso de la Administración autonómica con estos centros, que en su mayoría dependen de organizaciones sin ánimo de lucro, es pagar la Seguridad Social y la mitad del Salario Mínimo Interprofesional de cada trabajador, siempre que el 75% de la plantilla tenga una discapacidad superior al 33%. Se trata así de potenciar la contratación de personas que tengan algún tipo de minusvalía. Según señalan los empresarios que tienen este tipo de centros, se hace así para "contrarrestar la falta de productividad con respecto a otras".

Las cantidades correspondientes a todo 2013 y parte de 2012 comenzaron a abonarse a finales del año pasado y principios de este, pero los impagos aún persisten para 2014 y 2015. La cuestión es que, después de que en marzo de 2014 se derogara la orden de incentivos y de que, tal y como explican los responsables de los centros, se pusiera en marcha una normativa "temporal" para dicho ejercicio, las solicitudes de esas ayudas aún no se han resuelto. La dinámica se vuelve a repetir, ya que para 2015 todavía no hay una nueva normativa, por lo que los centros no han podido entregar la documentación de este año.

Ante esto, las entidades afirman que la situación es "angustiosa" y advierten de que "el vacío normativo existente, sumado a los impagos, están poniendo en grave riesgo al sector y al borde del cierre a muchas de las entidades".

Así, son varias las reuniones que la Asociación de Empleo de la Comunidad Andaluza (Aceca) ha mantenido a lo largo de julio con el nuevo secretario general de Empleo, y en las que este habría trasladado el compromiso de la Consejería de "materializar los primeros pagos pertenecientes a 2014". Sin embargo, con la llegada de agosto y el consiguiente parón administrativo, las entidades temen que esta sea "una promesa más que no se cumplirá". "Como otras tantas", apunta desde Más Social, su director, Miguel del Pino. Esta empresa, que emplea a unas 50 personas, ingresó a finales del año pasado lo perteneciente a 2013, según afirma el director, quien cifra en unos 150.000 euros la cantidad que la Junta todavía les adeudaría por todo 2014.

En estas circunstancias, el centro se mantiene con el dinero de distintos bancos, mediante pólizas de créditos anuales. "Siempre vamos al límite", apostilla. El problema es que en septiembre les cumple el primero de estos créditos y que su subsistencia depende, en gran parte, de su renovación. "Si la situación se prolonga más y el pago no llega en estos meses el banco no nos renovará la póliza y empezaremos a tener problemas de liquidez", lamenta Del Pino, al tiempo que reconoce que no es la primera vez que se ven en esa tesitura. "Hemos tenido que echar mano de familiares y ayuda de terceros que no tienen nada que ver con la empresa", subraya.

Otro de los centros especiales de empleo es Aspromanis Servicios. Su presidente, Alfonso Rubio, quien también está al frente de Aceema, sostiene que viven "al límite de la supervivencia más descarada". Según indica, la deuda supone en torno al 40% de su presupuesto anual, que ronda los 250.000 euros, lo que provoca "una distorsión tremenda en las cuentas". A principios de 2015 recibieron las ayudas atrasadas de 2013, con lo que han tenido "cuatro o cinco meses de respiro" en los que trabajadores y proveedores han cobrado "religiosamente".

En el caso de las nóminas de los 15 trabajadores, Rubio explica que lo habitual es que cobren parte dentro del plazo reglamentario, y el resto, en dos o tres veces a lo largo del mes. Rubio explica que también funcionan a través de líneas de crédito que, señala, generan al centro unos gastos financieros de unos 12.000 euros al año. "Nuestra situación normal es respirar de milagro", manifiesta y afirma que desde Aceema se plantean llevar a cabo una recogida de firmas solidarias y organizar un crowdfunding. En palabras de Rubio "andamos, no con el agua al cuello, sino por la nariz". "La situación es tremendamente angustiosa", añade, asegurando que hace poco Aspromanis estuvo "a punto de caer en la quiebra", situación que esquivaron con una ampliación de capital que sufragó con fondos propios la asociación de la que depende el centro especial de empleo. "Lo peor es que cuando vas a reclamar, les parece normal ese retraso. Parece que juegan al Monopoli", apostilla.