La cifra de inmuebles embargados se dispara un 22% en apenas un año

La crisis que atraviesa el sector de la construcción, sumada a la desaceleración que afecta al conjunto de la economía nacional ha provocado un significativo aumento de los embargos de las propiedades de aquellas compañías que no cumplen con el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Una acción que es especialmente llamativa en el caso de los denominados bienes inmuebles, es decir, viviendas, locales, plazas de aparcamiento, sobre los que ha actuado este organismo en lo que llevamos de año. A finales del pasado mes de agosto, la cifra de inmuebles era de 2.079, frente a los 1.628 contabilizados en el mismo periodo de 2007, lo que supone un incremento un 22% en apenas un año.

El director del ente en la provincia, Francisco Javier de Santiago, matizó, no obstante, que de acuerdo con el funcionamiento del organismo es muy probable que el efecto real de la actual crisis sobre las empresas no quede registrado hasta dentro de seis u ocho meses. Ello se debe a que las compañías disponen al menos hasta finales de noviembre para realizar de forma voluntaria el pago de las cuotas y no es hasta un par de meses más tarde cuando se inicia la acción ejecutiva en caso de impago.

En cualquier caso, los números hablan por sí solos y constatan las dificultades por las que atraviesan cientos de firmas en Málaga. Una demostración de la imposibilidad que muchos empresarios tienen de hacer frente a los pagos, a pesar de los mecanismos que pone a su disposición la Seguridad Social, es el tremendo aumento que se ha producido en el último año en las subastas de inmuebles.

Desde inicios del presente ejercicio hasta el pasado mes de agosto, la Tesorería enajenó un total de 160 viviendas, aparcamientos u otro tipo de construcciones, frente a las 35 registradas en el mismo periodo de 2007, lo que significa que se multiplica por cinco la cantidad. La cifra más reciente es igualmente superior a las que se contabilizaron en todo 2006, con 54 subastas, y 2005, con 62.

Pero los inmuebles no son los únicos bienes propiedad de las empresas que son objeto de actuación de la Tesorería. De Santiago puso el acento en el importante número de cuentas corrientes embargadas por los servicios centralizados del ente y que ascienden a 218.026 entre enero y finales de agosto. En este apartado, destacan las 48.624 cuentas de agosto, periodo seguido muy de cerca por junio, con 44.360. El responsable de la Seguridad Social en la provincia matizó que cada cuenta afectada no se corresponde con una empresa.

Igualmente significativos son los datos relativos a los embargos de bienes muebles, caso de salarios, pensiones, vehículos, derechos económicos, realizados por la Tesorería en los ocho primeros meses del año, con una suma total de 13.299. De entre todos ellos destaca la relativa a salarios y pensiones, con 4.635, seguida de los vehículos, con 4.528, y los derechos económicos, con 2.286. De Santiago hizo hincapié en los embargos de derechos económicos de la construcción, que suponen 804.

A pesar de la contundencia de las cifras, el responsable provincial de la Tesorería de la Seguridad Social aseguró que el objetivo del ente no es otro que "regularizar las situaciones y tratar de que el periodo de deuda sea el menor posible". "No queremos fastidiar a nadie con los embargos, sino dar un toque de atención para que sepan que deben un dinero y que es necesario que le den una solución", apostilló. En este sentido, una de las alternativas que la Seguridad Social da a las empresas que pasan por dificultades es la de aplazar los pagos de las cuotas, medida que, sin embargo, no parece estar dando el resultado esperado. "Estamos observando ciertos incumplimientos en los plazos que se acuerdan, lo que pone de relieve la dificultad por la que atraviesan estas empresas", dijo.