La histórica falta de medios de la administración de Justicia y las particularidades delictivas que presenta Málaga hace especialmente compleja a esta provincia. El buen clima y su situación estratégica, a unos 14 kilómetros de Marruecos –mayor productor de hachís del mundo- y a apenas una hora y media en coche de Algeciras –una de las puertas de entrada de la cocaína al continente-, ha hecho que el crimen organizado se instaure en la Costa del Sol. En consecuencia, un mayor volumen de asuntos, cada vez más complejos.

Resulta evidente así que la provincia, con 81.873 casos ingresados en sus distintos órganos judiciales durante los nueve primeros meses del año alcance la litigiosidad -cantidad de pleitos iniciados durante ese periodo- más alta de Andalucía seguida de Sevilla (62.998), Cádiz (43.590), Granada (33.874), Almería (26.489), Córdoba (23.591). Huelva (18.308) y Jaén (17.072). También se coloca la cuarta de España en este asunto, solo por detrás de Madrid (236.475), Barcelona (201.893) y Valencia (86.585). Así lo recoge el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2023, recogido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y consultados por este periódico.

Además, las cuatro jurisdicciones -civil, penal, contencioso-administrativa y social- ya acarreaban al inicio del año 148.555 procedimientos anteriores, que se han acumulado a los registrados hasta septiembre de este año, cuando se han cerrado un total de 75.228 casos, quedando en trámite para el siguiente periodo 156.278 casos más. Estas cifras  arrojan una tasa de litigiosidad de 46, 7 por cada millar de habitantes. También suponen una tasa de resolución del 0,92, de pendencia –o, lo que es lo mismo, el cociente entre los asuntos pendientes al final de un período y el número de asuntos resueltos en ese tiempo– del 2,08 y de congestión del 3,06.

Los procedimientos penales (55.052) resaltan especialmente entre los números. En los asuntos que manejan estos órganos judiciales malagueños también los 36.243 que entraron en los juzgados de Instrucción, los 11.464 que ingresaron en los de Primera Instancia e Instrucción (11.464) y los 3.762 de los juzgados de Violencia contra la mujer. Los juzgados de Primera Instancia (procedimientos civiles, 22.281) acumularon, por su parte, 13.629 litigios, seguidos de los de Primera Instancia e Instrucción de esta jurisdicción, con 5.866, y de los de los juzgados de lo Social (3.831). La Audiencia de Málaga ha ingresado un total de 2.764 asuntos, 1.491 penales y 1.193 civiles.

Es cierto que las cifras son abrumadoras. Sin embargo, si se hace la comparación con el mismo periodo de 2014, primer año en el que hay registros de litigiosidad en la provincia, se puede observar que entonces el número de asuntos que ingresaron fue bastante superior: 110.696, resolviéndose 106.611 y quedando pendientes 108.774. Durante el tercer trimestre de 2015 los procedimientos registrados descienden levemente (110.591). Es en 2016 cuando se produce una caída abrupta de los casos que llegan a los juzgados de Málaga, con 63.015. Si bien, desde entonces, la tendencia se mantiene al alza -a excepción de 2021, año en que continuaban los efectos de la pandemia originada por el Covid-19 en 2020-.

Excesivamente altas resultan también las sentencias pendientes de ejecución, que en el caso de la provincia se elevan hasta las 93.203. Es en la jurisdicción civil se albergan las cifras más preocupantes: a finales de septiembre de este año quedaron 76.644 ejecuciones, mientras que fueron apenas 3.420 las que se registraron y 5.174 las que se resolvieron durante el tercer trimestre de 2023. De tipo penal se llegaron a resolver durante el mismo periodo 4.550, mientras que el número de ingresos fue de 3.376. A pesar de ello, cuando el ejercicio se dio por finalizado, 16.798 sentencias también quedaron pendiente de ejecutarse.

La litigiosidad en el conjunto autonómico y nacional tampoco aminora

El conjunto de los órganos judiciales andaluces, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, también experimentaron en el tercer trimestre de este año un incremento de la litigiosidad de un 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Los órdenes jurisdiccionales en los que más se incrementó el número de asuntos ingresados a nivel regional fueron el Contencioso-Administrativo y el Civil, mientras que en la jurisdicción Social y Penal también se incrementó pero en menor medida.

Igualmente, a nivel regional tuvieron entrada 321.920 asuntos, cifra que supone un incremento del 7,3 % respecto al mismo trimestre del año anterior. Durante este ejercicio, los tribunales españoles resolvieron 283.326 asuntos, un 2,7% más que hace un año. El número de asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre, 747.814 en total, incrementándose un 15,2 % frente a 2022.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 34,5 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las regiones que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (44,5), Baleares (37,7), Andalucía (36,8), Cataluña (36,6), Madrid (36), Asturias (34,9) y Murcia (34,7). Los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (23,2), La Rioja (26,3) y Extremadura (27,2).