Un total de doce familias del colegio Tierno Galván de la zona de El Cónsul, en Málaga capital, denuncian la falta de recursos destinados a sus hijos, los cuales tienen necesidades educativas especiales. Concretamente, protestan por que no se haya destinado aun ningún PTIS (profesional técnico de integración social) para el centro.

En este año escolar únicamente contaron con esta figura durante seis semanas cuando se le asignó una sustituta a la anterior profesora que recientemente se ha jubilado tras darse de baja nada más arrancar el curso. Las familias aseguran que esta situación no permite la conciliación, ya que constantemente deben ir al colegio a atender a sus hijos, al ser el PTIS la única persona autorizada para cubrir necesidades como son el cambio de ropa, la ayuda para comer o el cuidado más cercano.

“Cuando dejo a mi hijo en el colegio tengo que estar cinco horas atenta al teléfono: mi hijo lleva pañales y tengo que ir a cambiarlo cada vez que lo necesite”. Este es el testimonio de Desirée Fernández, madre de Sergio, alumno del Tierno Galván de 4 años que tiene Trastorno Específico del Lenguaje. Al igual que Desirée son 12 las familias que “dejan a sus hijos en el centro sabiendo que no van a recibir los cuidados que necesitan”. Desirée explica que la PTIS se encarga de la higiene en los pequeños, está atenta a la conducta, trata de mejorar la integración con el resto de compañeros y es la que los recoge en caso de que vengan de terapia.

El colegio inició el año con una confusión administrativa que provocó que la PTIS que debía arrancar el curso escolar no se incorporara. Posteriormente, esta se acogió a una baja laboral sin haber asistido al centro en ningún momento, según explican en la asociación de padres y madres Esquilo4. Fue el 4 de noviembre cuando llegó la sustituta que realizó la labor hasta el 19 de diciembre, día en el que la sustituida comenzaba su jubilación y por lo tanto se cumplía el contrato de sustitución.

La Delegación de Educación de la Junta explica que la cobertura del puesto se gestiona a través de un proceso en el que interviene Función Pública con sus correspondientes plazos administrativos y que se resolverá en 15 días.