El exjefe de la comisaría de Ronda dice que es víctima de un complot sindical

El inspector jefe Juan Antonio Rodríguez, que estuvo entre 2005 y 2007 al mando de la comisaría de Ronda, se presentó ayer ante el tribunal que le juzga por cohecho, abusos sexuales y omisión del deber de perseguir delitos como la víctima de un "complot" urdido por sindicatos policiales para acabar con su carrera profesional. El mando policial, que prorrumpió en sollozos en varias ocasiones a lo largo de su declaración, aseguró que él había sido el centro de una "trama" ideada por miembros de los sindicatos policiales SUP y UFP, contra quienes había actuado por problemas surgidos en el trabajo. De acuerdo con su versión, estos agentes habían conspirado valiéndose de testigos que a su vez le tenían animadversión por tener pendientes órdenes de expulsión o haber detenido a familiares directos.

La Fiscalía acusa al inspector jefe de visitar "como cliente" locales de alterne de la localidad en los que demandaba "consumiciones y servicios sexuales" que nunca pagaba, haciendo valer su condición de autoridad policial. También le reprocha que extorsionara a una mujer extranjera para conseguir sexo a cambio de la promesa de ayudarle a regularizar su documentación y de abusar en condiciones similares de una amiga de la anterior que tenía abierto un expediente de expulsión. Frente a este relato de lo ocurrido, el inspector jefe reconoció que en mayo de 2005 fue nombrado jefe de la comisaría de Ronda, a donde llegó desde el distrito sur de Sevilla y en plena carrera por ascender a comisario. Explicó que halló una comisaría con 36 personas, en lugar del centenar que le correspondían, con apenas tres o cuatro vehículos y una moto.

Indicó que su prioridad fue centrarse en el tráfico de drogas y los robos y que la falta de personal le impedía ocuparse con detenimiento de otros asuntos, como la estancia de extranjeros sin documentación. El Ministerio Público, en cambio, sostiene que Juan Antonio Rodríguez, su segundo, Francisco Ramírez, y los agentes Antonio Ramírez y Diego Benítez, junto con el guardia civil Rosendo Sánchez siempre estuvieron al tanto de la existencia de tres club (Toca-Toca, Los Nogales y La Merced) en los que presumiblemente se ejercía el proxenetismo y se traficaba con drogas pero optaron por "desentenderse de sus obligaciones".

El inspector jefe, en cambio, reconoció ayer que puntualmente había acudido a alguno de estos clubes pero "no a alternar ni a abusar de mi condición de autoridad, ni a estar con ninguna mujer", sino porque debía "conocer la realidad y los sitios de la ciudad que debía dirigir". Admitió que una vez fue con Sergio Flores, un exlegionario en aquellos años novio de una jueza de instrucción de Ronda también acusado en este caso, porque le había comprado un BMW y entraron en el club Los Nogales simplemente "a tomar una copa" para celebrarlo. El fiscal, sin embargo, sostiene en su escrito de acusación que Sergio Flores, imputado por tráfico de influencias, solía acompañar al jefe policial por los locales y que se ocupaba de negociar las consumiciones y el sexo gratuito haciendo valer su condición de amigo del mando y pareja de la jueza.

Juan Antonio Rodríguez reconoció que durante un tiempo mantuvo una relación sentimental con una de las mujeres convertida ahora en testigo de cargo contra esta supuesta trama de extorsión policial a prostitutas extranjeras y dueños de locales de alterne. El mando indicó que su matrimonio había naufragado y durante unos cuantos meses se vio con esa mujer extranjera que primero trabajaba en un hotel y luego en un geriátrico municipal. Afirmó que jamás le preguntó ni se interesó por su situación documental, porque pensaba que si estaba trabajando debía estar en orden.

Esa relación, según su versión, acabó apenas unos meses después, pero la mujer se obsesionó y comenzó a perseguirlo y a chantajearlo, hasta el punto de que se vio obligado a pedirle a su hermano 2.000 euros para dárselos. El Ministerio Público, sin embargo, entiende que lo único que quiso fue darle dinero para "compensarla" porque, una vez "rota la relación", temía que fuese capaz de contarle lo sucedido a su mujer y a sus hijos.

Para el mando, bajo este asunto lo único que subyace es el testimonio de unos testigos que le guardan animadversión debidamente azuzados por tres agentes del SUP a los que denunció por dejar que se escapara un menor disminuido y otro dirigente de la UFP que, según dijo, le amenazó con utilizar su "influencia sindical" después de que tomara medidas contra él por su mala disposición para el trabajo.