La comisión de Limasa centrará la investigación en los socios privados

La atención de la comisión de investigación de la empresa mixta Limasa se centrará ahora en los socios privados, que con el 51 del accionariado de la sociedad, se han mostrado invisibles durante los 15 años que lleva en vigor el contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de basura. Los cinco grupos municipales parecen coincidir en la necesidad de que sean los responsables de la parte privada los que den explicaciones sobre la gestión realizada en este tiempo y aclaren conceptos como el polémico canon de asistencia técnica, por el que se han repartido 24 millones de euros desde 2001.

El grupo municipal de Ciudadanos, que ejerce la presidencia de la comisión, pretendía consensuar con el resto de los grupos que fuera el representante de FCC -que cuenta con el 51% de la parte privada frente al restante 49% que se reparte entre Urbaser, Sando y Unicaja- fuera el siguiente en comparecer en la tercera sesión que tendrá lugar el próximo 6 de mayo. Sin embargo, el directivo ha justificado motivos de agenda para posponer su comparecencia probablemente a junio.

En ese caso, la intención es proponerlo al representante de Urbaser y que comparezca junto a Ángel Miranda, actualmente técnico del área económica del Ayuntamiento de Málaga y que durante varios años trabajó en el servicio técnico de Limpieza del Área de Medio Ambiente. Al parecer, los grupos del PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente han propuesto que fuera él quien comparezca en la próxima comisión con el visto bueno de Ciudadanos y el PP. El grupo municipal de Ciudadanos, que ejerce la presidencia de la comisión, advierte que pondrá el foco especialmente en el canon de asistencia técnica, ya que después de haber requerido a la empresa dos veces por escrito y una de manera presencial justificación documental que soporte la asistencia prestada por valor de 24 millones de euros no ha obtenido de momento respuesta alguna.

Los privados cobran 2,2 millones de euros al término de cada ejercicio por este concepto del que existe una gran opacidad. El propio gerente de la sociedad, Rafael Arjona, admitió en la primera sesión de la comisión de investigación que desde abril de 2001 cuando entró en vigor el contrato de Limasa III se ha pagado a los socios privados 24.632.235 euros, que corresponden al 2,5% de la producción anual por el supuesto asesoramiento que prestan a la sociedad en temas financieros, legales y técnicos.

A eso se une la cantidad de 66 millones de euros entre 2005 y 2014 que el Ayuntamiento ha pagado a la sociedad en concepto de compensación económica para restablecer el desequilibrio económico que supusieron las mejoras salariales de los trabajadores acordados en los primeros años del contrato y que suponen garantizar pase lo que pase unos beneficios anuales.

Por todo ello, el presidente de la comisión y portavoz de Ciudadanos en el Consistorio malagueño, Juan Cassá, ha dicho en varias ocasiones que considera que los privados "tienen que venir y dar explicaciones porque durante los once días de huelga se borraron". Prueba de ello, fue la polémica suscitada en el último consejo de administración de la sociedad, celebrado el pasado mes de marzo apenas unos días después del final de la huelga de basura, después de que los representantes de las empresa privadas se levantaran y se fueran antes de que concluyera el encuentro argumentando que perdían el tren de vuelta a Madrid.

De momento, queda aplazada también la comparecencia del actual jefe del servicio técnico de Limpieza del Ayuntamiento de Málaga, Julián Laguna, que en la primera sesión no puedo responder a las preguntas de los grupos políticos por falta de tiempo y en la segunda estaba de baja por una intervención quirúrgica.

En esa segunda ocasión, fueron el director general de Medio Ambiente, Luis Medina Montoya, y el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, los comparecientes. éste último acusó a algunos de los partidos "antiguos" de haber mediado para colocar a dedo a gente en la empresa, motivo suficiente para que el portavoz de Ciudadanos anunciara hace unos días que es su "obligación por ley" trasladar los audios y vídeos de la comisión de investigación a la Fiscalía dado que "hay indicios suficientes para investigar un posible delito de tráfico de influencias". El lunes formalizará su petición.