Los privados de Limasa dan plantón

Los principales socios privados de la empresa mixta de limpieza Limasa le han dado plantón a la comisión que investiga la gestión realizada por la sociedad, en la que el Ayuntamiento de Málaga participa con el 49% del accionariado. Ningún representante de FCC ni de Urbaser comparecerá, al menos, en la sesión de este mes. Ningún argumento convincente que justifique la ausencia de la parte privada y solamente un escrito enviado de forma conjunta declinando la petición promovida por el grupo municipal de Ciudadanos.

La decisión no ha sentado nada bien a sus portavoz, Juan Cassá, que además ostenta la presidencia de la comisión de investigación, y ayer criticó que "no sé si es que tienen que ocultar algo o se sienten incómodos por algo". Pero lo cierto es que no están obligados a comparecer en la comisión, si bien considera que "éticamente está más que justificada su presencia" para que "den explicaciones, no sólo a los concejales, sino a los malagueños a los que se está faltando al respeto".

Primero se le propuso a FCC -que cuenta con el 51% de la parte privada frente al restante 49% que se reparte entre Urbaser, Sando y Unicaja- que fuera el siguiente en comparecer en la sesión prevista para el próximo 13 de mayo. Sin embargo, la empresa se justificó que por motivos de agenda debía posponer su comparecencia al mes siguiente. Fue entonces cuando se pidió a Urbaser su comparecencia.

Por única respuesta, sendos consejeros de FCC y Urbaser enviaron poco después una carta a la Secretaría General del Ayuntamiento de la capital, en la que indican que "antes de confirmar la asistencia, les rogaríamos nos proporcionen los antecedentes de la comisión, con sus normas de funcionamiento". Incluso piden que "nos avancen las cuestiones concretas sobre las que versa la comparecencia, con la finalidad de analizar su contenido y poder identificar a la persona que con mayor conocimiento pueda dar contestación en función del cuestionario recibido".

Hasta entonces, los representantes de las dos empresas socias de Limasa añaden que "le rogamos traslade a la comisión la imposibilidad para acudir a la convocatoria que nos anuncian". Así, las cosas ya no hay tiempo suficiente para elegir y convocar a otra persona que acuda a la tercera sesión de la comisión de investigación, en la que sí declarará Ángel Miranda, actualmente técnico del área económica del Ayuntamiento de Málaga y que durante varios años trabajó en el servicio técnico de Limpieza del Área de Medio Ambiente.

Aún habrá que esperar, al menos un mes más, para que los privados aclaren algunos de los puntos más espinosos de la gestión de Limasa en los 15 años de contrato, como es el canon de asistencia técnica y por el que han percibido 24 millones de euros en este tiempo. Los privados cobran 2,2 millones de euros al término de cada ejercicio por este concepto, que corresponden al 2,5% de la producción anual por el supuesto asesoramiento que prestan a la sociedad en temas financieros, legales y técnicos. Poco más se sabe al respecto.

La Fiscalía cita a Belmonte para investigar si hay enchufismo

La Fiscalía malagueña ha citado a declarar al presidente del comité de empresa de limpieza de Málaga Limasa , Manuel Belmonte, dentro de las diligencias de investigación penal abiertas para esclarecer los supuestos enchufes de partidos políticos en la sociedad y de la que dio cuenta durante su comparecenciael pasado mes de abril en la comisión de investigación sobre la gestión que lleva a cabo el Ayuntamiento de Málaga. Belmontes acudirá en calidad de testigo el próximo 13 de mayo a las 10:00 horas a la Fiscalía, según informaron fuentes judiciales, que intenta esclarecer los hechos por si fueran constitutivos de algún delito. La investigación se abrió la semana pasada después de que acudiera a los juzgados el grupo municipal Ciudadanos para poner en conocimiento del fiscal unas declaraciones de Belmonte en donde aseguraba que los partidos políticos habían interferido para colocar a trabajadores y que si no se había denunciado era porque todos participaban. El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, aseguró a los periodistas que no tenían pruebas para denunciar o presentar querella, pero que por responsabilidad lo tenían que poner en conocimiento de la Fiscalía por si los hechos eran constitutivos de un delito de tráfico de influencias. En el escrito que entregaron se adjunta un vídeo de las declaraciones del dirigente sindical y determinada documentación al respecto.