La municipalización de Limasa queda definitivamente aplazada a después de las elecciones municipales del 26 de mayo. De no mediar un cambio sustancial en las próximas horas, las diferencias que el Ayuntamiento de Málaga y el comité de empresa mantienen en relación a las condiciones laborales que deben regir el funcionamiento de una sociedad 100% pública, hacen inviable avanzar en esta línea de acción.

La fricción volvió a quedar de manifiesto en una última reunión mantenida ayer entre las partes implicadas, en la que los representantes de los trabajadores se reafirmaron en su rechazo a la propuesta puesta sobre la mesa por el Ejecutivo local y en la necesidad de que se reconozca el abono de los atrasos ya reconocidos por los tribunales por la no aplicación en los últimos años del convenio 2010-2012.

En el encuentro con la concejal de Limasa, Teresa Porras, el presidente del comité, Manuel Belmonte, insistió en la existencia de una sentencia firme "que dice que nos tienen que reponer lo que nos quitaron del convenio". "Hemos propuesto que se espere al 19, que el juez determine los retrasos y seguimos negociando, pero nos han dicho que no", aclaró Belmonte, quien cuestionó la posición del alcalde en este asunto.

"¿Nos pide reflexión? La hemos tenido, pero qué reflexión hace el cuando le ha estado dando a la parte privada 2,5 millones al año por asistencia técnica sin que se demuestre", dijo. "No nos merecemos lo que están haciendo; hemos sido claros y estamos a favor de la municipalización pero no a costa de los trabajadores de Limasa", añadió.

Impresiones que contrastan con las expuestas horas antes por el alcalde, Francisco de la Torre, quien apuntaba la práctica imposibilidad de ir adelante con la municipalización si la plantilla no aceptaba las condiciones fijadas por el Ayuntamiento. Si por un lado consideraba "inviable" la contrapropuesta realizada por los trabajadores el pasado lunes, que mantenía la idea del pago de los retrasos, insistía en la idea de ultimátum lanzada días atrás y en que de no aceptarse el convenio diseñado por el equipo de gobierno no habría tiempo material para llevar a cabo ni la municipalización ni la privatización. "Quedaría abierto y por tanto en el nuevo escenario político habrá que ver cómo se desarrolla en este tema", aseguró.

"Antes de las elecciones no hay tiempo material para hacer ni A ni B; queda el tema a después de las elecciones", reiteró el regidor, quien bendijo las condiciones del plan municipal, que incluye como elemento más destacado el pago de hasta 5.500 euros de la productividad sin variables, ya sea absentismo o cumplimiento de objetivos de calidad y eficiencia.

Según expuso, con la idea del Ayuntamiento "se hace un esfuerzo a favor de los trabajadores y queda, además, ese mecanismo de productividad, que es tan educativo y tan interesante de cara a la continuidad en el futuro", dijo, añadiendo que habría un margen de unos tres millones para la renovación de maquinaria.

Por el contrario, consideró que con la alternativa del comité "se consume todo el ahorro que hay en la posible municipalización y no queda nada para maquinaria; no es viable, no es defendible ante la opinión pública", sentenció. "Los vecinos son los accionistas del Ayuntamiento y los accionistas de cualquier empresa, sea municipal o que vaya a ser municipal; ante ellos tenemos que responder y explicar", insistió.

Lo que no aclaró es si, en caso de mantenerse a frente del Ejecutivo local tras los comicios de mayo, seguirá con la apuesta por municipalizar Limasa. "En unas condiciones como estas yo no lo negaría", dijo, aunque reconoció que cualquier decisión estará supeditada a "si tengo mayoría absoluta o no, los acuerdos que pudiera haber con los otros grupos para apoyar un posible pacto de investidura...".

"Sigo creyendo en ello en los términos que hemos planteado, tiene que haber un beneficio para la ciudad y no solo para los trabajadores. Hemos querido que sea para ambos. Es una oportunidad magnífica que se está dejando pasar", añadió. Sí apuntó que de abrirse la vía de la privatización, la futura Limasa tendría que dividirse en varias sociedades, al ser algo obligado por ley.