Los constructores denuncian que la Administración está "paralizada"

Los constructores y promotores malagueños denuncian que la administración pública está "totalmente paralizada" y vaticinan que, de seguir esta tendencia, peligra el futuro de las 11.000 empresas que aún sobreviven en el sector en esta provincia con sus 34.000 empleados. El motivo de este negativo mensaje es el dato de licitación de obra pública, que el año pasado apenas alcanzó los 142,2 millones de euros en Málaga, siendo el volumen más bajo de los últimos 20 años, según la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP). La patronal española Seopan publicó hace unos días sus datos oficiales, que muestran una licitación en Málaga el año pasado de 154 millones de euros. La diferencia se basa en que la patronal malagueña solo incluye licitación de obra y Seopan también incorpora servicios. En cualquier caso, son paupérrimos para una provincia que es la sexta de España y que, según los constructores, necesitaría unos 1.000 millones de euros anuales para desarrollarse y ser competitivos.

"La esperanza que supuso para el sector la recuperación de la licitación en 2014 [se alcanzaron los 259 millones de euros] se ha transformado en desengaño y en una tremenda sensación de incertidumbre de cara al futuro. Los datos del primer semestre ya daban una caída y los temores que teníamos se han visto sobrepasados por la realidad", explicó Emilio López, presidente de la ACP.

De esos 142 millones de euros licitados solo se han adjudicado ya obras por 71 millones de euros, pero esa no es la cantidad real porque los constructores, para poder aspirar a los contratos, están reduciendo sus precios un 22% de media. Dicho de otra forma, las Administraciones han adjudicado ya proyectos que partían de 71 millones de euros pero, al final, solo van a aportar 55,4 millones, por lo que hay una reducción de la inversión. Se ha convertido en práctica habitual que las constructoras, para poder trabajar, rebajen el precio de licitación y luego, si no le salen las cuentas, intenten conseguir más dinero a posteriori mediante la incorporación de modificados de obra. López reconoció que "seguro que ha subido el porcentaje de licitación a la baja por las necesidades de contratación de las empresas, pero debemos ir al precio justo de la obra". No obstante, Violeta Aragón, secretaria general de la asociación, hizo hincapié en que "hay administraciones que en el pliego solo miran quién hace la rebaja más grande".

La administración local es la que más obras ha licitado, con el ayuntamiento de Málaga a la cabeza, seguida de la estatal, con el Ministerio de Fomento como protagonista y, por último, la autonómica con la consejería de Fomento y Vivienda como la mayor inversora, pero en todos los casos el desembolso previsto era muy reducido. Se da la circunstancia además de que las dos mayores obras que se licitaron el año pasado aún no han sido adjudicadas. Fueron la remodelación del enlace de Benalmádena Este en la autopista AP7, por 14,7 millones de euros, y la construcción de la nueva sede del centro oceanográfico de Málaga por 8,9 millones. Ambas son inversiones del Gobierno central.

López incidió en que quedan muchas obras por hacer en Málaga, recordando el saneamiento integral, depuradoras, plantas de tratamiento de residuos, proyectos de eficiencia energética, extensión de redes de telecomunicaciones, hospitales o el famoso puente para evitar la inundabilidad del Guadalhorce.

Desde la ACP afirmaron que hay municipios como Marbella o Alhaurín de la Torre que "tienen dinero para licitar pero no pueden hacerlo por el techo de gasto que marca la ley de estabilidad", por lo que reclamaron una mayor apertura siempre y cuando las instituciones que encarguen obras tengan luego capacidad para pagarlas. La ACP indicó que las Administraciones aún deben 100 millones de euros a las empresas por obras ejecutadas. Las empresas locales obtienen en torno al 42% de la inversión en licitación en la provincia.