LA altura inicial de la torre hotelera proyectada en el puerto de Málaga era de 135 metros lo que rozaba las normas de seguridad aérea por la proximidad del aeropuerto. Ante las razonadas críticas se ha rebajado la altura a 116 metros. Eso significa lisa y llanamente que la capacidad de alojamiento del hotel se ha reducido en seis plantas. Como en el proyecto inicial iban 12 habitaciones por planta, eso significa que la capacidad de alojamiento se reduce en unas 70 habitaciones.

¿Es por eso que en las nuevas infografías que se han hecho públicas el edificio ha experimentado un embarazo en su parte inferior –hábilmente disimulado por la técnica digital– que rompe totalmente su diseño inicial? ¿Se pretende suplir la superficie edificable eliminada en altura por el engorde de toda la torre y, en especial,- por su base? Parece evidente.

Si ya el estudio de la viabilidad económica del hotel de lujo, en su proyecto inicial, estaba plagado de errores de costes e infravaloraciones de todo tipo, a pesar de lo cual la rentabilidad de la explotación hotelera destilaba números rojos por su ausencia, la reducción de la capacidad de alojamiento la hace más inviable todavía. ¿Dónde queda el cumplimiento de la ley que establece la garantía de la rentabilidad y el deber legal de lograr un “adecuado” equilibrio de los beneficios y cargas que se intuyen en la actuación urbanística propuesta?

¿Se ha tramitado algún nuevo documento de viabilidad económica ante la profunda transformación experimentada por el proyecto? ¿Para qué sirven entonces las leyes? ¿No hay instancia judicial alguna que defienda el interés público de un patrimonio, que para más inri es público, ya que casi todas las instancias administrativas muestran estar más interesadas en defender el interés privado?

¿Qué ha ocurrido con el estudio de las cimentaciones en una zona tan sensible técnica y portuariamente? En la documentación de la información pública había una clarísima minusvaloración de su coste, lo que acentuaba la inviabilidad económica del proyecto y no aparecía previsión económica alguna para garantizar el interés público ante previsibles daños a la infraestructura portuaria. Hay que añadir ahora el hecho de que el engorde de la torre, además de afearla, aumenta los riesgos por la mayor superficie de cimientos afectada.

¿Cómo es posible que la documentación administrativa exigible por la autoridad portuaria al particular interesado para tramitar el proyecto, lo elaborase esa misma autoridad portuaria que debía aceptarla? Esta es sólo una más de las múltiples “irregularidades” de la tramitación. ¿Tendrá esto algo que ver en las manifestaciones públicas de algunas autoridades de que la “documentación es absolutamente legal”? ¿Acaso hay temor a eventuales responsabilidades?

¿Existe algún trámite documental previo a la concesión definitiva del proyecto, aunque no sea público, en el que un ingeniero de caminos, canales y puertos garantice la viabilidad de la importantísima cimentación de la torre en un terreno portuario con tantos problemas presentes y futuros? ¿O es que se prevé que la administración portuaria haga una fortísima inversión , como tuvo que hacer la Autoridad Portuaria de Barcelona -“entre 60 y 80 millones de euros”- para proteger de los embates del mar a la inversión privada del famoso Hotel Vela?

Si eso ocurrió a pié de playa de la Barceloneta, ¿qué no podrá pasar en unos terrenos de relleno, defendido por unos cajones del dique de Levante con evidentes muestras de corrosión acelerada, junto a un pilotaje de muelles interiores no exentos de problemas y en medio de un mar con 30 metros de profundidad? ¿Sirven de algo los numerosos estudios científicos sobre los efectos del aumento del nivel del mar en el inmediato futuro a consecuencia del calentamiento global, o no nos los creemos?

Ya que Urbanismo ni siquiera se dignó responder a las alegaciones que se hicieron en la información pública en su día, -ignoro si hay obligación legal de hacerlo- podría al menos hacer públicos los condicionamientos actuales para autorizar el proyecto –esa “letra pequeña” que quizá no sea tan pequeña- para que nos enteremos los ciudadanos. ¿O hay que mantenerlos en secreto?

¿Por qué esa falocrática devoción por los rascacielos cuando es contraria a nuestra mejor tradición urbanística, cuando es una lamentable, descontextualizada y anticuada pretensión icónica en este caso, y cuando el futuro de la sostenibilidad de las ciudades pasa por reducir al máximo las dependencias energéticas que son imprescindibles para la movilidad interna en estos edificios? ¿No aprendemos nada de la actual crisis energética? ¿Acaso una elemental prudencia política sobre las consecuencias de todo tipo, a corto, medio y largo plazo en una aprobación de estas características no aconsejan denegarla? ¿Pueden más los intereses financieros foráneos con el brillo de sus petrodólares?

El informe del Ministerio de Cultura del verano 2021, hablaba de “indicios de expoliación para el patrimonio cultural de Málaga” y su responsable político cesado a continuación. ¿Por qué? La llegada de Iceta al frente del citado ministerio cambió aquel dictamen por un “no hay expolio paisajístico” por lo que entonces se podía aprobar el proyecto. ¡Magnífica solución política!

En cualquier caso estoy convencido de que muchísimos malagueños se sentirán expoliados en su patrimonio inmaterial y paisajístico cuando vean materializarse el mamotreto y arruinada la imagen de la ciudad para siempre. Pero ya será tarde y no valdrán de nada las lamentaciones futuras de cómo pudo aprobarse tal disparate. Lo mismo que hacemos ahora con esos edificios que todos sabemos.