Los centros de primer ciclo de educación infantil comienzan a desesperarse. Cerrados desde el pasado 16 de marzo, igual que el resto de la actividad docente, no saben aún cómo van a afrontar la situación. Si dejan de cobrar la parte aportada por las familias, puesto que no reciben el servicio, y la Junta de Andalucía no les aumenta la asignación aseguran que no van a poder mantener los empleos. La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía cifra en 10.000 los puestos en peligro en la comunidad. 

"Las medidas que contiene el proyecto de decreto ley para nuestros centros son deficitarias y a todas luces insuficientes para el objetivo que pretenden, ya que para preservar los puestos de trabajo es necesario que el Gobierno andaluz asuma el precio total para un servicio", indican desde el colectivo. 

La postura de la administración andaluza consisten, según explican desde la coordinadora, en repartir el dinero que ya se le bonifica a las familias entre las plazas ocupadas en todos los centros. Esto supondría, subrayan, un desembolso de unos 180 euros por plaza ocupada frente a los 278'8 euros que reciben actualmente entre las bonificaciones y lo que aportan las familias. 

"Con esto, con un 32% menos de ingresos, pretende la Junta que paguemos los mismos salarios y los gastos ordinarios, como alquiler y luz", subrayan desde la coordinadora. Y añaden que ya antes de esta crisis llevaban años demandando que el precio de la plaza era muy inferior a su coste real y que estaba congelado desde hace más de 12 años. 

"Hablamos de un servicio puesta a la entera disposición de la administración y sobre la que debe de recaer la total responsabilidad de asegurar su viabilidad", indican desde Escuelas Infantiles Unidas y aseguran que ya hay muchos centros "en una situación de precariedad al borde de la quiebra" que no van a poder mantener el empleo de sus plantillas. "Pedimos a la Junta que reconsidere su postura y vele por la supervivencia de la raíz del sistema educativo andaluz", concluyen.