La escalada desmedida de la inflación quedó atrás hace meses, pero sus efectos siguen notándose en el bolsillo de los malagueños. Algo que preocupa especialmente desde la perspectiva de la adquisición de productos. Esto se traduce en un aumento del coste de la vida que un estudio de la Unión de Consumidores de Málaga (UCE) cifra en 5.117,28 euros al año para las familias o, lo que es lo mismo, 426,44 al mes. 

Una dinámica a la que los consumidores tratan de hacer frente reajustando sus compras. Así, el 77,1% de los encuestados por la UCE asegura haber tenido que reducir o eliminar algún producto de la lista de la compra (entre los más afectados, el aceite y el pescado). 

Los que más han incrementado su precio son los alimentos (136,43 euros más de media). Aunque no se quedan atrás las hipotecas y los alquileres (123,10 euros), y los combustibles (83,57 euros), partidas que elevan extraordinariamente los recibos. 

Respecto a los servicios de consumo, el 65,7 % de las personas participantes en el estudioindica haber tenido que reducir o eliminar alguno de ellos entre sus gastos mensuales. En este sentido, los servicios más afectados son los viajes (62,5%) junto con la cultura y el ocio (41,7 %).

Sin embargo, el estudio también muestra que en torno a un tercio de los consumidores encuestados también decide recortar en servicios sanitarios o estéticos (33,3%) privados como tratamientos dentales. Un 29,2%, asimismo, también asegura haberse dado de baja de algunos seguros, entre los que figuran los de salud. 

Muchos consumidores, además, deciden recortar en otros aspectos. En este sentido, un 31,5% reconoce adquirir cada vez menos productos frescos en favor de los envasados; un 25,7% utilizar más el transporte público; un 57,1% reducir el consumo de electricidad; un 94,3% fijarse más en ofertas y promociones; un 48,6% tratar de reparar bienes averiados en vez de comprar otros nuevos; un 25,7% reutilizar ropa de sus familiares; un 74,3% adquirir más productos de marcas blancas; también un 74,3%, comparar con más atención los precios entre diferentes establecimientos; y un 11,4% organizarse para comprar y repartirlos (como garrafas de aceite). 

El estudio, no obstante, incluye un contrapunto favorable, toda vez que el cambio de algunos hábitos de consumo, recoge la UCE, supone la inclusión de conductas más responsables y sostenibles con la intención de reducir el gasto y gestionar mejor esta situación. Aunque, remarcan, el principal incentivo debería ser la concienciación y no el temor a no llegar a fin de mes.

Por otro lado, el estudio incluye un epígrafe en que mide el incremento del número de estafas y fraudes. En este punto, un 17,1% de los entrevistados reconocieron haber sufrido algún tipo de engaño (sobre todo a través de campañas por parte de entidades bancarias falsas). 

A todo lo anterior se une una medición del nivel de preocupación por parte de los encuestados, que la UCE mide en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada preocupado y 5 un grado de preocupación muy alto. El resultado es que un 65,7% manifiesta un nivel 5, seguido del 28,6 % que indica un nivel 4. Los niveles 3 y 2 de preocupación (intermedio y bajo, respectivamente) son escogidos por un idéntico 2,9 % de la muestra. Nadie, el 0 %, expresa no tener ningún grado de preocupación por esta situación.