Cuatro condenados en Málaga por integrar una red de prostitución y trata de mujeres extranjeras

La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro personas por integrar una organización criminal dedicada al traslado de mujeres desde otros países, principalmente de Sudamérica, hasta la capital malagueña para facilitar su explotación sexual en condiciones “penosas” y aprovechando su situación de necesidad económica.

Según la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, los principales acusados, cuatro personas con vínculos familiares, actuaron desde al menos 2021 de manera “estable, organizada y coordinada” para desarrollar actividades relacionadas con la prostitución. La resolución judicial detalla que una de las procesadas gestionó y financió el traslado de varias mujeres desde sus países de origen hasta Málaga, sin informarles inicialmente de que ejercerían la prostitución.

Una vez en la ciudad, la acusada organizaba su recogida, alojamiento y posterior distribución en pisos y casas de citas que ella misma gestionaba. En algunos casos, a las mujeres se les ofrecía trabajo en un supuesto centro de estética y alojamiento, a cambio de devolver el coste del billete con su trabajo, hasta que se les comunicaba que debían ejercer la prostitución. Debido a su precaria situación económica, aceptaban, aunque los beneficios eran para los acusados y las condiciones laborales resultaban abusivas.

La sentencia recoge que las mujeres, en su mayoría extranjeras y muchas de ellas procedentes de Colombia, se encontraban en situación administrativa irregular y eran obligadas a firmar contratos simulados de subarrendamiento de habitaciones para aparentar legalidad ante posibles inspecciones. Además, se las forzaba a rotar periódicamente entre distintos pisos.

El tribunal considera probado que la principal acusada contaba con la colaboración de las denominadas ‘mamis’ o encargadas de los pisos, una de las cuales ejercía un papel jerárquico superior, impartiendo instrucciones directas sobre el funcionamiento de las casas y recibiendo pagos de clientes mediante transferencias. Otro de los condenados participaba en la gestión diaria, acompañaba a las mujeres a servicios fuera de los pisos y llevaba las cuentas del negocio, además de encargarse del suministro de cocaína a los clientes.

Entre las normas impuestas a las víctimas figuraban el reparto al 50% de los ingresos, la disponibilidad prácticamente permanente, con solo dos horas de descanso diario y un día libre a la semana, la imposibilidad de rechazar clientes y el control mediante cámaras de vigilancia. También se establecían multas económicas por incumplimientos como retrasos, falta de limpieza o no ajustarse estrictamente a los tiempos contratados.

En los registros efectuados en los pisos de Málaga capital se intervino documentación detallada sobre los servicios sexuales, cuadernos de control, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. La principal procesada ha sido condenada a 32 años de prisión por delitos de integración en grupo criminal, prostitución, trata de seres humanos y tráfico de drogas. Los otros tres acusados han recibido distintas penas de cárcel por su participación en la organización.

Además, otras diez mujeres han sido condenadas por delitos contra la salud pública relacionados con la venta de cocaína a los clientes, si bien se les ha concedido la suspensión de la pena tras mostrar su conformidad con los hechos.