El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga tiene previsto tomar declaración este lunes día 23 en calidad de investigado al ex decano del Colegio de Abogados malagueño Francisco Javier Lara por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial en relación con unos hechos relacionados con la prestación del servicio de guardia de detenidos durante el primer estado de alarma por el COVID-19.

Numerosos colegios de España y colectivos han expresado su apoyo a Lara a raíz de su citación en esta causa, que se inició tras una denuncia de la Fiscalía después del expediente instruido por el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, en el que se explicaba lo sucedido en la guardia del día 6 de mayo. El ex decano siempre ha mantenido que su actuación fue en defensa de los letrados.

"Una injusta causa"

Un grupo de abogados ha promovido una concentración delante de la Ciudad de la Justicia de Málaga para este lunes. Además, el colectivo de abogados sevillanos que en el confinamiento se movilizaron para pedir la reactivación judicial, ha convocado una concentración a las 12.30 en los juzgados del Prado de Sevilla para manifestar su apoyo a Lara por su citación en "una injusta causa".

Según las fuentes judiciales consultadas por Europa Press, el día 6 de mayo el Juzgado de Instrucción número 10 requirió al colegio la presencia de letrados de guardia al haber cuatro detenidos, recibiendo como contestación que el servicio se prestaría por vídeoconferencia a través de una plataforma y no presencialmente, sin que, al parecer, proporcionaran los nombres de los abogados de guardia ese día.

El juzgado hizo otros requerimientos y advirtió de que se podría deducir testimonio por desobediencia, precisándose también por escrito que se desconocía si el sistema de videoconferencia propuesto garantizaba la confidencialidad y que en el juzgado de guardia se habían adoptado las medidas sanitarias exigibles, con locutorios con mamparas, por ejemplo. Al parecer, no se presentó ningún letrado ni se logró saber los nombres de los designados.

Los detenidos tuvieron que ser puestos en libertad. Para el ministerio público, la jueza hizo los requerimientos según la legalidad y con las advertencias de un posible delito, apuntando que presuntamente se habría "comprometido el derecho de defensa del detenido", viendo inicialmente indicios de delito.

En el momento de conocerse la citación, el entonces decano indicó en un comunicado que se vieron "obligados a suspender los servicios de guardia porque no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad y era nuestro deber luchar para mantener a salvo a los compañeros", apuntando que estos servicios "se restablecieron pronto, una vez que se comenzaron a prestar las asistencias por medios telemáticos" o con las medidas necesarias.

Asimismo, en ese momento aseguró que le llegó un apercibimiento del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, "cuya titular es, además, la mujer de un magistrado" que días antes "realizaba unas manifestaciones en redes sociales en las que atacaba a la Abogacía, al decano y a la junta de gobierno".