Las defensas tratan de socavar los cimientos del caso Ballena Blanca

Los abogados de los 19 imputados en el caso Ballena Blanca contra el lavado de capitales logrados supuestamente a través de la comisión de delitos abordaron ayer las cuestiones previas a la vista oral tratando de socavar los cimientos de la investigación.

En esta fase, prevista para exponer al tribunal la vulneración de derechos que pudieran conllevar la nulidad del procedimiento, los letrados arremetieron contra los dos primeros indicios que utilizó el juez instructor Miguel Ángel Torres para tirar del hilo de la presunta trama de blanqueo.

Las pistas de partida eran una comisión rogatoria remitida por las autoridades francesas para investigar las propiedades de Sophiane Hambli, un francés con numerosos procedimientos en su país por tráfico de hachís. La segunda fue otra información policial relacionada con el ruso German Pastushenko, sobre el que Rusia había pedido información a las autoridades españolas y que supuestamente estaba implicado en la Costa en un asunto de tráfico de drogas.

La defensa del supuesto cerebro de la red, Fernando del Valle, que ejerce el letrado Horacio Oliva, indicó que estos dos hilos no fueron utilizados para hacer indagaciones independientes y concretas sobre las relaciones de ambos acusados con el bufete, sino para hacer una investigación "prospectiva", expresamente descartada por la normativa penal española e internacional, sobre el conjunto de actividades que se llevaban en el despacho y acerca de sus clientes.

Oliva criticó que a partir de "dos hipótesis", el juez Miguel Ángel Torres en vez de limitarse a analizar las operaciones realizadas por Hambli y Pastushenko con Del Valle, referidas a la creación y venta de sociedades vinculadas a viviendas en la Costa, pusiera en marcha una operación en la que fueron "investigadas 2.000 personas" de la que la mitad fueron identificadas, se registraran y vaciaran de documentación los despachos de Fernando del Valle en Marbella, San Pedro Alcántara y el Levante español y fueran detenidas decenas de personas, sobre todo clientes extranjeros "que querían adquirir una propiedad" inmobiliaria en España.

El abogado del principal acusado del caso Ballena Blanca recordó que se tomaron medidas como las intervenciones de los teléfonos o la documentación fiscal de la que es depositaria la Agencia Tributaria, muy restrictivas de los derechos fundamentales porque afectan a la intimidad, protección de datos, inviolabilidad del domicilio o secreto profesional entre letrados y clientes. Oliva apuntó que el juez instructor debió sopesar si merecía la pena "entrar como un elefante en una cacharrería" utilizando medios que sólo están previstos en la legislación penal para esclarecer los delitos de terrorismo.

Incluso hizo alusión a las declaraciones que efectuó en marzo de 2005 el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en las que avalaba las investigaciones que apuntaban que dinero supuestamente defraudado en la petrolera rusa Yukos habían acabado convertidas en inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol, una línea de investigación derivada de este procedimiento que finalmente fue archivada.

Horacio Oliva remató su intervención recordando que se llegó a hablar de 250 millones de euros blanqueados, cuando finalmente la Fiscalía Anticorrupción únicamente atribuye a Del Valle el lavado de 12 millones de euros, por lo que opinó que más que de Ballena Blanca debería hablarse de "chanquete blanco", una afirmación que desató una oleada de risas bajas entre los acusados y asistentes a este juicio.

La versión de este abogado fue apuntalada por las defensas del francés Sophiane Hambli y del ruso German Pastushenko, ambos situados en el origen de las investigaciones que dieron lugar al macroproceso.

Hambli fue detenido en marzo del año pasado en Puerto Banús, cuando el procedimiento del caso Ballena Blanca estaba prácticamente listo para juicio. Este hecho fue utilizado por su defensa, que ejerce el abogado Ricardo Álvarez, para poner de manifiesto que no ha tenido oportunidad de proponer pruebas por las prisas que existían para incorporarlo a este macroproceso. Agregó que la Fiscalía de Francia ha reclamado el archivo de los delitos de blanqueo de capitales de los que había sido acusado tras unas operaciones con las mismas sociedades con las que supuestamente operó en Málaga.

Francisco José Ruiz, letrado de German Pastushenko, que puso de relieve que la pista inicial sobre su cliente resultó ser falsa, cuestionó también que este caso fuera investigado por el juez Torres sin someterse a reparto en los juzgados de Marbella. En este sentido dijo que el magistrado "se apropió de la causa, vulnerando el derecho al juez predeterminado" supuestamente por "interés mediático", lo que dio lugar a que la instrucción se convirtiera en un "muro infranqueable" y a que los acusados se enfrentaran a una maquinaria "que impidió total y absolutamente cualquier intento de ejercer su defensa".

El abogado Javier Núñez, defensa de los acusados Paul Antoine Leon Clemente e Irina Goulko, fue aún más preciso cuando se refirió a la existencia de un "acuerdo" entre la Policía, el juez de instrucción y el fiscal para "asumir un asunto" e irrumpir en el despacho de su suegro, Fernando del Valle. En su opinión, las decisiones del instructor no han podido ser rebatidas con todas las garantías porque continuamente la Audiencia ratificaba las decisiones de Miguel Ángel Torres con el pretexto de que desconocía las actuaciones porque eran secretas.

Este letrado aludió a los recursos económicos que poseía su defendida cuando se instaló en la Costa tratando de despejar así cualquier relación con la mafia rusa, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, al tiempo que solicitó al tribunal que se dispense a Paul Antoine Leon Clemente de asistir a la vista oral por motivos de salud. Ayer acudió en sillas de ruedas y bajo supervisión de personal sanitario.

Hoy está previsto que continúen las cuestiones previas y sólo después el tribunal podrá comenzar el juicio y los interrogatorios.

12