Limasa, que durante casi dos décadas estuvo al frente del servicio de limpieza y recogida de basura de Málaga, regresa a la realidad municipal. Aunque lo hace de manera casi anecdótica después de que desapareciese formalmente del día a día de la ciudad el pasado 1 de julio. Aunque ahora es Limasam, empresa enteramente pública, la que asume este mismo rol, quedaban pendientes ciertos flecos vinculados con las cuentas de la antigua sociedad.

Y las cifras a los que dio ayer luz verde el consejo de administración de Limasa vuelven a poner en evidencia no sólo la envergadura del servicio en sí, sino las importantes aportaciones que la mercantil, con un 51% en manos privadas, ha logrado a lo largo de estos años de contrato.

Los números avalados permiten concluir que las compensaciones económicas a las que quedó comprometido el Consistorio en 2005 con sus socios privados para cubrir cualquier déficit presupuestario de la entidad se han traducido en más de 135 millones de euros. Un concepto que sólo en los seis primeros meses del presente ejercicio de 2020, antes de la desvinculación de Limasa, ha supuesto una aportación cercana a los 5,7 millones de euros.

Mediante estas aportaciones, que el año pasado fueron de casi 15,5 millones, se da cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en marzo de 2005, en el que el equipo de gobierno se comprometió a garantizar a la sociedad un "beneficio antes de impuestos" que no podía ser inferior al 2% del total de la facturación.

Con ello se buscó cubrir la diferencia de valor entre la subida salarial que estaba contemplada en el contrato original de Limasa, del IPC, y la que de facto se viene aplicando tras los diferentes acuerdos laborales alcanzados con los trabajadores. Es decir, que los más de 135 millones han servido, grosso modo, para cubrir los aumentos de sueldo acordados por el encima del IPC, sin que ello repercutiese en los números de los socios privados.

Atendiendo sólo al periodo de enero a junio pasado, la facturación total de Limasa fue de 48.574.819 euros, frente a los algo más de 103 millones del año completo de 2019. Solo en lo concerniente a los servicios propios, la suma es de 40,1 millones (82 millones el año pasado), a los que añadir los mencionados 5,7 millones de compensación económica y otros 2,7 millones de ventas de subproductos.

Otro de los conceptos que se mantiene fijo en las últimas cuentas en la historia de Limasa es el de la asistencia técnica. La misma, según los datos recogidos en las cuentas hasta junio de 2020, se traduce en 1.140.890 euros, frente a los 2.435.085 euros del año pasado. Esta suma se corresponde con el 2,5% de la producción facturada al Ayuntamiento.

La oposición vota en contra de las últimas cuentas de la sociedad mixta de limpieza

Las cuentas salieron adelante con los únicos votos favorables del equipo de gobierno. Así lo confirmó la concejala del PSOE Begoña Medina, quien indicó que tanto su grupo como Adelante Málaga (que delegó su voto) rechazaron las últimas cuentas de la sociedad mixta. Medina denunció la "mala" gestión del alcalde, Francisco de la Torre, con el servicio de limpieza y aseguró que desde hace años el Ayuntamiento está abonando a los privados unas cantidades que tendrían que revertir a las arcas municipales. "Es un dinero que hemos regalado, es una muestra de mala gestión, los socios privados se han enriquecido sin hacer nada", apostilló.

Limasa entró en funcionamiento en 2001 y ha asumido la gestión de limpieza urbana hasta el pasado 1 de julio, cuando entró a trabajar Limpieza de Málaga SAM (Limasam). La decisión de De la Torre de apostar por un modelo 100% público tomó como base la existencia de informes que incidían en el ahorro económico que ello supondría. En concreto, de unos 7,7 millones anuales.

De los algo más de 100 millones del modelo mixto se pasa, según los datos de Intervención, a unos 92,6 millones. O lo que es lo mismo, cerca de un 8% menos. Asunto nada baladí si se tiene en cuenta que desde el nacimiento de Limasa hasta la fecha el Ayuntamiento ha destinado al servicio cerca de 1.600 millones.

Aplicando la reducción del coste ahora estimada a la trayectoria completa, el ahorro que podría haberse obtenido hubiese sido de unos 128 millones. Otra de las variaciones que trae consigo la ausencia del socio privado es que queda anulada la necesidad de garantizar unos beneficios mínimos anuales y el pago de asistencia técnica.