Mucho se viene hablando en los últimos años de la anquilosada trama administrativa y burocrática que acaba por dilatar la tramitación de licencias de obra mayor en la ciudad de Málaga. Y generalmente se hace responsable de tan significativa losa a la Gerencia de Urbanismo. Los hechos, sin embargo, vienen a confirmar que no siempre el organismo municipal es el principal o único obstáculo en el diligente devenir de los procedimientos.

El marco legal diseñado en materia urbanística fuerza a que, más allá de la esfera municipal, sean muchos los estamentos regionales y estatales a los que se tiene que consultar y demandar su pronunciamiento positivo. Carreteras, Agencia Andaluza de Aguas, Aviación Civil y un largo etcétera del que forma parte destacada la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

El papel de este departamento es clave para todas y cada una de las operaciones que tienen lugar en el Centro histórico, dada la condición del mismo como Bien de Interés Cultural (BIC). De su diligencia a la hora de emitir informe depende en gran medida que una intervención acelere el ritmo o quede frenada. A pesar de que la Ley de Patrimonio de Andalucía fija un tope de tres meses para que los técnicos de Cultural realicen su pronunciamiento, la realidad es que son muchos y significativos los casos en los que este lapso se supera con creces.

Meses atrás, en el marco de un consejo de la Gerencia de Urbanismo, el gerente del ente, José Cardador, informó de que Cultura tardaba del orden de "seis o siete meses" en enviar sus informes, afirmación que ese mismo día fue rebatida por la delegada andaluza del ramo, Monsalud Bautista, al asegurar que la respuesta media "era de dos o dos meses y medio".

Frente a estas afirmaciones, los documentos. Este periódico ha podido consultar varios expedientes en los que se corrobora lo dilatado de los tiempos que emplea Cultura. No son todos los supuestos pero sí algunos y de especial relevancia. Como la propuesta de intervención para rehabilitar parte del edificio de La Equitativa y su conversión en hotel. 

El expediente de la licencia de obras de La Equitativa fue registrado en Cultura el 11 de junio pasado

La operación, impulsada por la sociedad Key Continental, que se hizo con el 60% del inmueble a finales de 2017, se encuentra a día de hoy anclada a la espera de que Cultura se pronuncie. Desde que la promotora solicitó formalmente licencia a la Gerencia de Urbanismo pasan ya del orden de ocho meses sin que por el momento el permiso esté concedido. Una de las claves de este transcurrir del tiempo radica en que desde que el ente municipal remitió el proyecto de intervención a Cultura, con registro de entrada el 11 de junio, pasado, pasan ya casi siete meses sin respuesta.

Los tiempos son los mismos en el caso de una pequeña intervención programada por el Ayuntamiento para la realización de ciertas mejoras en el muro Travesía Pintor Nogales, junto al Palacio de la Aduana, actual sede del Museo de Málaga. El proyecto incluye la instalación de un panel de madera a lo largo del muro en el que reflejar el poema que Vicente Aleixandre dedicó a Málaga. El mismo tuvo entrada en Cultura el 6 de junio. Y aún se está a la espera.

Infografía del Centro Bernardo de Gálvez proyectado por la Diputación.

Algo menor es el lapso de tiempo que transcurre para la aprobación del estudio de detalle del Centro de Bernardo de Gálvez en los suelos del Centro Cívico. La propuesta, promovida por la Diputación provincial, fue aprobada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento el 1 de junio pasado, aunque pasaron cuatro meses para que la Gerencia de Urbanismo remitiese la documentación a la Delegación de Cultura. Con ella en la institución el 6 de septiembre, pasan casi cuatro meses sin que, de acuerdo con los datos conocidos por este periódico, se haya pronunciado.

El mismo instrumento de planeamiento es el que remitió a Cultura el Ayuntamiento para avanzar en la operación de ampliación del Albéniz. El expediente tiene fecha de registro en la delegación de 3 de agosto; el informe desfavorable inicialmente emitido al mismo fue recibido en las dependencias municipales el pasado 19 de diciembre, cuatro meses y medio después.

Otro ejemplo de superación de los plazos es el Plan Especial de Gibralfaro, recientemente informado de manera favorable por los técnicos de Cultura. Pero ese visto bueno fue recibido por la Urbanismo el 1 de diciembre, más de siete meses y medio después de que el documento fuese enviado.

"Es necesario cambiar la Ley de Patrimonio reduciendo el ámbito y los tipos de informes a realizar", apuntó un experto en materia urbanística, quien defendió la posibilidad de que se delegue en el ámbito municipal buena parte de los informes que ahora realiza la delegación. Una variante que permitiría, según esta fuente, "no duplicar los informes y los tiempos".

A los casos concretos aquí señalados hay que sumar el testimonio de los empresarios, que admiten abiertamente su malestar con la lentitud con la que en muchas ocasiones se afrontan los proyectos. "Cuando hay que esperar el informe de cultura es desesperante", expresó la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, Violeta Aragón, quien precisó que desde el momento en que un expediente llega a Cultura “tardan unos tres meses en que asignen técnico y por tanto empiecen a mirarlo".

A este problema añade que en el momento en que el departamento regional realiza cualquier modificación en el expediente, éste regresa a Urbanismo, "que tarda un par de semanas en enviarlo de nuevo a Cultura". "No tienen sentido los tiempos del expediente parado, esperando a ser enviado o a tener técnico asignado", denunció, incidiendo en que se trata de un asunto que forma parte de la reclamación permanente de los empresarios. "Hay que darle agilidad a los trámites administrativos y este es un buen ejemplo de lo que es muy muy mejorable", afirmó.

En la misma línea, el decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, confirma que en la mayor parte de los expedientes de licencias se supera el plazo de tres meses marcado por la Ley del Patrimonio. Un aspecto al que sumó la "queja generalizada" sobre el papel que juega Cultura en el análisis de los asuntos en materia de protección. "Están analizando las actuaciones desde el punto de vista estético, aplicando criterios muy conservadores e historicistas y eso hace que surjan incidencias que coartan la libertad de creación del arquitecto".

Sarabia además subraya la necesidad de dotar al departamento de "más personal" con el fin de que ello contribuya a una mayor agilidad en los trámites. "Hay que tener en cuenta que casi todos los expedientes de la provincia tienen que pasar por Cultura", apostilló.