Demoras de hasta tres años para la valoración de la discapacidad en Málaga

La valoración y el consiguiente reconocimiento de discapacidad es una llave para acceder a muchos beneficios. Desde ayudas fiscales, becas, descuentos en la electricidad hasta reserva de puestos específicos en convocatorias de empleo. Pero en Málaga hay un problema que no es nuevo: las demoras en ese trámite que pueden ser hasta de tres años.

En reiteradas ocasiones, usuarios y asociaciones han denunciado los retrasos. Y siguen. Pese a que la Junta de Andalucía ha reforzado los ocho equipos de valoración con otros cinco más, personas afectadas se han quejado recientemente a esta redacción porque la “excesiva tardanza” para conseguir ese documento, les bloquea el acceso a derechos reconocidos en diferentes normativas.

La variabilidad de las demora es muy grande. Porque, como en las Urgencias de un hospital, se prioriza a los graves o vulnerables. Entre ellos, los menores de seis años, los mayores de 75 o más, los pacientes con enfermedades neurodegenerativas con mal pronóstico (como la ELA) o las personas con deficiencias irreversibles derivadas de accidentes o cualquier patología que haga prever una gran discapacidad.

Así que hay valoraciones que pueden tardar un par de meses –entre las que entran las que prioriza la legislación o las que se hacen de oficio a instancias de la Administración– y otras que pueden demorar varios años, entre las que se incluyen muchas de las realizadas a petición de los usuarios. Según datos de UGT, entre estas últimas se están valorando ahora las solicitudes presentadas en marzo de 2022. “Ello supone una espera de más de tres años”, resaltan representantes del sindicato.

Usuarios y asociaciones consultados apuntan que aunque hay beneficios que pueden reivindicar de forma retroactiva una vez conseguido el reconocimiento de la discapacidad, hay otros que pierden. A nivel fiscal, por ejemplo, pueden reclamar a Hacienda para recuperar la parte correspondiente; aunque ello requiere hacer papeleo. Pero hay otros que –como becas o el reconocimiento de familia numerosa (algo que ocurre en núcleos con dos hijos y uno de ellos con discapacidad) que da la ventaja del bono social eléctrico, se pierden.

“La demora en la valoración trae muchas complicaciones”, resume una profesional de una asociación que trabaja con este colectivo y que prefirió guardar su anonimato. Su queja no sólo es por lo que tarda el Centro de Valoración y Orientación (CVO) en citar a los solicitantes, sino también por el tiempo que transcurre desde que son valorados hasta que se les comunica la resolución. “Tener en la mano el papel del reconocimiento de la discapacidad tarda un mínimo de un año en el caso de los niños”, estimaba. Y eso que es un grupo en el que se prioriza el trámite. Porque, explicaba, tras su valoración, pueden pasar “más de cuatro meses” en que se notifique la resolución.

La técnico reconocía que en los últimos meses, la Junta de Andalucía “se ha puesto las pilas con valoraciones telefónicas”. Por eso aconsejaba a los usuarios que presenten su solicitud con “todos los informes posibles”. Y admitía:“Están intentando sacar la bola que se había formado”. Málaga Hoy solicitó información a la Consejería de Inclusión Social tras recibir las quejas de algunos usuarios sin, de momento, obtener respuesta.

Profesionales consultados sobre las razones de las demoras –que diversos usuarios vienen denunciando a este periódico por lo menos desde hace tres años– las explican por varias causas. Por un lado, en un baremo armonizado a nivel nacional implantado en 2023 (Baredi) que es más complejo de aplicar que el anterior, que era autonómico. También en que ahora hay más solicitudes de valoración. Una tercera razón es que aunque entre los ocho existentes y los cinco de refuerzo, ahora hay 13 equipos de valoración; no todos están completos (médico, trabajador social y psicólogo). En tres faltan los facultativos. Y como todos los solicitantes tienen que pasar por el médico, al final se forma un cuello de botella que ralentiza el trámite. Un cuarto motivo es que el sistema informático específico da fallos frecuentes. Para colmo, hace algo más de dos años, entró en vigor el Baremo Integrado de Discapacidad (Baredi). Entonces, la Junta de Andalucía acusó al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de improvisación a la hora de facilitar las herramientas para su aplicación.

UGT apuntó que una de las medidas para sacar la situación del “atolladero” en el que está pasa porque, ante la falta de médicos para completar los equipos, la valoración también la puedan hacer otros profesionales sociosanitarios, como en otras comunidades autónomas. De hecho, el sindicato ya ha presentado una petición en ese sentido. Aunque crítica con las demoras, la central sindical reconoce que Málaga es una de las provincias donde más equipos de refuerzo se han creado para desatascar el tapón de expedientes. UGT aclara que la situación no es culpa de los trabajadores. Además, denuncia la precariedad de los administrativos y su alta rotación, lo que suma dificultades en todo el proceso.