Desesperadas. Así están un puñado de madres por la tardanza en la valoración de la discapacidad de sus hijos, unas demoras que en algunos casos superan los dos años y que les bloquean el acceso a becas, ayudas y otros beneficios. Derechos que pierden porque el reconocimiento no es retroactivo. De modo que disponen de una serie de ventajas que les otorga la legislación para compensar el mayor trabajo o gasto que puedan tener con esos hijos, pero a las que no pueden acceder porque la valoración de su discapacidad “se eterniza”.

La Consejería de Inclusión Social, de la que depende este trámite, culpa de la situación a la “improvisación” del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), del Gobierno central, por facilitar con poca antelación una herramienta informática para esas gestiones. La Junta asegura además que los problemas están “en fase de solución”.

Pero las madres están “cansadas” de tantas esperas y han decidido sacar a la luz un problema que afecta a muchas más familias. Además de las demoras del Centro de Valoración y Orientación (CVO) –de la Consejería de Inclusión Social y ubicado en la calle Diego Vázquez Otero, 5–, las madres denuncian otra tardanza que también depende de esta Administración: la que se produce, una vez fijado el grado dependencia, para el pago de ayudas o la aplicación de los beneficios que se desprenden de ese reconocimiento.

“Yo presenté mi solicitud para la valoración de la discapacidad de mi hijo el 30 de abril de 2022. Ha pasado un año y medio y no está ni en trámite”, afirma Sara Pérez. “Fue diagnosticado con casi tres años. Ahora tiene cinco y todavía no he recibido ninguna ayuda porque no tengo la valoración de discapacidad. Sin embargo, va a terapia desde los dos años porque no hablaba”, añade.

Las mujeres que acuden a Málaga Hoy a relatar su historia para intentar que las esperas se acorten por el bien de sus hijos y de los de otras familias son madres de niños con trastornos del espectro autista. El problema no es nuevo. Este periódico ya recogió en enero de 2020 y en junio de 2022 quejas de otros padres por los retrasos en la valoración de la discapacidad, que es la llave para poder acceder a ventajas que están sobre el papel, pero que no se pueden hacer realidad mientras las familias no tengan ese documento.

Quejas de otros padres sobre las demoras en la valoración de la discapacidad.

Julia Melnyk pidió la valoración de la discapacidad de su hijo el 25 de febrero de 2022. “Han pasado casi dos años. Me dicen que está en trámite y reconocen que hay demoras. Pero habiendo ayudas para pagar terapias, tenemos que pagarlas de nuestro bolsillo porque nos falta esa valoración”, denuncia.

María Arjona presentó su petición en agosto del año pasado. Sigue esperando. “Queremos ese certificado para acceder a ayudas que nos corresponden para pagar terapias, no para irnos de vacaciones”, defiende. Las madres recuerdan que los derechos no son retroactivos; de manera que el tiempo que pasa es perdido a efectos de percibir ayudas, becas u otros beneficios.

Los retrasos son muy variables. Hay casos pendientes de valoración desde agosto de 2021; es decir, más de dos años. Las madres que denunciaron la situación a este periódico –y que han puesto reclamaciones por la tardanza– coinciden en que desde el CVO les indican que las peticiones se resuelven por fecha de entrada. Sin embargo, ellas aseguran que hay casos presentados después de los suyos y que ya han sido valorados.

Una profesional que trabaja con niños con discapacidad y que prefirió mantener el anonimato confirmó que las demoras en la valoración “desespera” a muchas familias. “Conozco varios padres angustiados porque tienen ayudas a las que no pueden acceder porque les falta esa valoración. No sé si la razón es falta de personal u otra causa, pero lo cierto es que las perjudicadas son las familias”, añadía. Aclaraba que los retrasos no sólo bloquean el acceso a ayudas o becas, sino a otros derechos como desgravaciones en el IRPF, que les permiten sufragar terapias para sus hijos.

Sara comentaba que, por ejemplo, esa valoración puede esgrimirse para que los padres no sean desplazados a más de 60 kilómetros de casa por tener un hijo con discapacidad. Pero al no tenerla, no pueden solicitar que se les aplique ese beneficio.

Las madres explican que la valoración también es útil para no tener que aguardar colas en museos, centros de ocio u otros establecimientos, ya que muchas veces sus hijos no tienen esa capacidad de espera. “Si tiene un berrinche ¿Cómo lo explicas? Ese documento nos daría un respaldo”, afirma Sol Bosco. Y en ese punto alude a la “discapacidad invisible”, que es la que tienen algunos niños cuya apariencia física no denota ninguna diversidad funcional y que da lugar a la “intolerancia” de ciertas personas.

La terapeuta que respaldaba la queja de las madres resaltaba que precisamente los primeros años son los más importantes para las terapias porque es el periodo del crecimiento con mayor plasticidad cerebral. “Además de lo que tienen encima estas familias con la discapacidad de sus hijos, deben estar mendigando por algo que les corresponde. Es una vergüenza”, opinaba.

Sara insistía en que los padres de niños con discapacidad tienen unos costes añadidos porque invierten en terapias que costean de su bolsillo para reforzar la atención temprana y que adquieran la mayor autonomía posible. “Somos familias que tenemos que pagar más por todo. Para eso están previstas las ayudas... Ayudas a las que no podemos acceder porque no tenemos la valoración”, remarcaba.

Sara resumía la carrera de obstáculos que sortean a diario y el malestar de estas madres por las demoras en esta certificación con una frase: “Son problemas por todos lados. En las administraciones buscamos información y muchas veces te desinforman. Además, tenemos que poner reclamaciones por estas demoras, lo que supone un estrés añadido a la vida con un empleo y un hijo con una discapacidad, que supone más trabajo. Y encima, tenemos que estar reclamando para poder acceder a unas ayudas que nos corresponden...”

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social explica que en abril pasado entraron en vigor los nuevos baremos de valoración del Ministerio de Derechos Sociales y que el Imserso tenía que aportar la herramienta informática para su aplicación. Según la Junta, ésta se facilitó “con muy poco tiempo de antelación”.

La Junta señala que está “trabajando para dar solución a una situación extraordinaria generada por la improvisación del Imserso a la hora de facilitar las herramientas informáticas necesarias para aplicar el nuevo sistema de baremación”. Según la Consejería, esas son las causas de las demoras. No obstante, asegura que “los problemas generados por el nuevo sistema informático ya están en fase de solución”, puesto que en Andalucía se han volcado más de 9.000 expedientes, lo que está permitiendo el envío de las correspondientes resoluciones.

Según la Consejería, además de que la herramienta informática se facilitara con poca antelación, ésta sufrió varias actualizaciones para corregir disfunciones, lo que generó demoras. Los profesionales tuvieron un periodo de formación de mayo a septiembre que también supuso una “menor capacidad de emitir resoluciones”. Además, el nuevo sistema informático no era interoperable con el de la Junta. En Málaga, unos 2.500 expedientes se han visto afectados por esa falta de interoperatividad. La Junta indica que está buscando soluciones a la incompatibilidad de ambos sistemas informáticos, que ha incrementado personal y que va a robotizar el envío de resoluciones. "A estas medidas a corto plazo, se suman otras a medio y largo plazo que se van a definir en las próximas semanas. De esta forma, hay medidas inmediatas cuya implantación y desarrollo tienen como horizonte el próximo mes de noviembre y otras que se extenderán hasta verano del próximo año", según Inclusión Social.