Demoras de hasta 30 meses para valoraciones de la discapacidad en Málaga

No es una queja nueva. De forma reiterada padres de niños con discapacidad han denunciado demoras en la valoración. Retrasos que les hace perder ayudas y programas de los que podrían beneficiarse, pero a los que no acceden porque no pueden acreditarla. Los tiempos varían según los casos porque la Junta de Andalucía prioriza a los grupos más vulnerables, entre los que incluye a menores y mayores de 75 años. Pero la tardanza puede llegar hasta los 30 meses.

La Administración autonómica indica que ha reforzado el Centro de Valoración y Orientación (CVO) de Málaga con tres equipos adicionales, pero que hay “una demanda histórica acumulada” de personas pendientes “por la gestión de gobierno anteriores que durante años” no dotaron al servicio de profesionales suficientes.

Las demoras no sólo perjudican a los más pequeños. Federico B. tiene 46 años. Está trasplantado de riñón desde abril de 2022 y sufre complicaciones de salud. En noviembre de ese año presentó su solicitud en el CVO para que valoraran su discapacidad. “Llevo 27 meses esperando y todavía no han empezado a estudiar mi expediente”, se queja. Cansado de los retrasos, ha consultado en varias ocasiones. La última vez le contestaron que “actualmente en el CVO de Málaga hay un plazo de demora de 30 meses desde que se presenta la solicitud de valoración hasta que llega la citación”.

Federico resume: “O sea que llevo esperando 27 meses y tengo que esperar otros tres más... Es una barbaridad”. A pesar de las complicaciones que tiene por el rechazo de su trasplante, trabaja. Pero con frecuencia debe acudir al hospital o al centro de salud. Incluso, a veces tiene que quedar se ingresado. “Una persona, si tiene 38 de fiebre se toma un paracetamol. Pero yo, debido a mi medicación para no rechazar el riñón, tengo bajas las defensas y soy más vulnerable. Pillo todos los virus que cogen mis hijos”, explica.

Aclara que él quiere la valoración y el consiguiente reconocimiento de su discapacidad como trasplantado para justificar las ausencias ante su empresa. “En mi trabajo son muy comprensivos conmigo. Nunca he tenido problemas, tienen un comportamiento de 10. Todavía no se han cansado”, bromea. Aunque puntualiza: “Pero estoy en manos de la buena voluntad de la empresa porque, tras 27 meses de espera, no tengo un reconocimiento de mi grado de discapacidad”.

La Delegación de Inclusión Social, de la que depende el servicio, ante la consulta de esta redacción, señaló que ha implementado medidas “de manera progresiva para agilizar la gestión de los casos”. Además, añadió que ha reforzado el CVO con tres equipos adicionales. Estos están formados por un médico, un psicólogo y un trabajador social. “El conjunto de medidas está dando resultados positivos, de manera que se ha reducido en 10 meses la demora para la atención de casos de menores de edad”, precisó. No concretó cuanto es la tardanza total. En cuanto a la emisión de tarjetas de aparcamiento, está en un mes desde la correcta presentación de la solicitud.

Además, la Delegación esgrimió el proceso de adaptación para la implementación del nuevo baremo –establecido por el Real Decreto 888/2022 – que “incorpora criterios más precisos y adaptados a las necesidades actuales”.

En diversas ocasiones, Málaga Hoy ha recogido quejas de padres por los retrasos de este centro para la valoración de la discapacidad de sus hijos. El periódico las publicó en enero de 2020, en junio de 2022 y en octubre de 2023.

En esta última, la Consejería culpó del atasco a la “improvisación” del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Gobierno central, por facilitar con poca antelación una herramienta informática para las valoraciones, aunque dijo que los problemas estaban “en fase de solución”. Quince meses después, sigue habiendo quejas de solicitantes.

Empleados de asociaciones que trabajan con discapacidad advierten que, sin el reconocimiento de esa condición y grado por parte del CVO, las familias no acceden a beneficios contemplados en diferentes normativas, como becas o ayudas. Es decir, los pierden porque su aplicación no es retroactiva.