Detienen a un concejal del PP de Coín que dimitió por su vinculación con una trama de blanqueo de capitales de prostíbulos

El ex concejal del PP de Coín Miguel Vázquez ha sido uno de los 10 detenidos en el marco de la operación Gargamel, que ha puesto al descubierto una organización criminal dedicada, presuntamente, al blanqueo de capitales procedentes de la explotación sexual de mujeres en prostíbulos, uno de ellos situado en Málaga capital y otro en Cártama, según han confirmado a este periódico desde la formación política. El edil, que se ocupaba de la delegación de Patrimonio y de Industria y Desarrollo Empresarial, quedó en libertad tras declarar a la espera de los avances de la investigación judicial, que sigue su curso.

El partido le abrió un expediente interno cuando tuvo conocimiento de los hechos y, siguiendo los estatutos, aplicó acto seguido la suspensión de militancia. Las mismas fuentes consultadas afirman que el caso no guarda relación con su papel político, que ejercía desde 2023 tras obtener el acta de edil, y que los delitos por los que se investiga derivan exclusivamente de su actividad profesional vinculada a su asesoría fiscal.

El arresto, que adelantó La Razón, se practicó a mediados de noviembre, días antes del pleno municipal, donde, por sorpresa, renunciaría al acta alegando "motivos personales". Vázquez tenía encomendada la captación de subvenciones europeas. Bajo su gestión, Coín había quedado fuera de una ayuda de 8 millones de euros que sí obtuvieron otros municipios del entorno tras no haber presentado solicitud en la convocatoria, cuya resolución se publicó en octubre, según denuncian fuentes del PSOE de esta localidad.

A raíz de esa pérdida de ayudas, el grupo socialista llevó una moción al pleno para pedir explicaciones. “Pensábamos que su renuncia respondía a ese asunto, pero luego nos encontramos con esta noticia”, explican fuentes del partido, que muestran su sorpresa por lo sucedido. “Hay delitos y delitos; estamos hablando de blanqueo de capitales vinculado a dinero procedente de la trata. Es un representante público”, aseveran. Los socialistas tienen previsto solicitar esta semana una junta urgente de portavoces para solicitar más detalles sobre los hechos acaecidos.

Por su parte, Vox Coín ha difundido este lunes un comunicado en el que pide "explicaciones urgentes al alcalde del PP tras conocerse la detención del que fuera un concejal del equipo de gobierno. El portavoz de la formación en el municipio, Luis Miguel Rivas, califica la situación de “gravísima”, y ha criticado que el regidor "no haya ofrecido ni una sola explicación pública". “Permanece escondido, sin dar la cara, como si este asunto no afectara directamente al prestigio de Coín. No es serio ni responsable que los vecinos se enteren por la prensa de un hecho tan delicado mientras el alcalde guarda silencio absoluto”, remacha.

La operación, desarrollada por la Policía, ha permitido desarticular una estructura diseñada para dar apariencia de legalidad a beneficios ilícitos procedentes de la explotación sexual, con 40 víctimas liberadas. En el dispositivo, además de este asesor fiscal, fueron detenidos también una notaria, el director de una entidad bancaria y una abogada, todos ellos presuntamente implicados en la fase final del lavado de capitales.

El papel de estos profesionales, según explicó en una entrevista con este periódico la responsable Grupo II de Blanqueo de Capitales de la Comisaría, era proporcionar el “halo de legalidad” necesario para mover el dinero sucio: tramitar compraventas, abrir cuentas bancarias, facilitar terminales de pago, crear estructuras fiscales y preparar documentación societaria. “Nunca comunicaron indicios de blanqueo. Su apoyo era imprescindible”, aseguró.

Cuando la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) confirmó que detrás de la explotación sexual de mujeres en prostíbulos de Málaga capital y Cártama subyacía una estructura con un negocio sumamente lucrativo entró en escena el Grupo II de Blanqueo de Capitales de la Comisaría, que después destaparía también la presunta implicación de estos profesionales cualificados. Entre ellos, perfiles de alta responsabilidad. Todos pasaron la línea roja. Desenmascararlos no fue tarea fácil. “Cuesta mucho que salgan a la luz. Están muy ocultos y actúan desde una posición de privilegio”, remachó la jefa del operativo.

Los investigadores describen un entramado “muy oculto” y difícil de demostrar, cuyos miembros actuaban desde “posiciones de privilegio”. La red habría logrado blanquear alrededor de 3,5 millones de euros en menos de un lustro, transformando las ganancias en bienes inmuebles mediante un complejo esquema empresarial.