Miles de personas dejan atrás sus raíces, sus costumbres y todo aquello que conocían para viajar hasta España buscando mejorar su vida y tener un mejor futuro, pero al llegar a este país en muchas ocasiones se ven inmersos en redes de trata de personas que buscan explotarlos laboralmente. Este es el tema que se aborda en el documental La Raya, frontera de explotación laboral elaborado por Sergio Rodrigo, Cristina Cartelle, Andrei Stefan Balog y Lucía Muñoz. Iniciaron su investigación al observar que desde el Covid llegaban cada vez más personas al campo y empezaban a trabajar de manera inmediata. Tras varios meses de trabajo han observado que estas redes de trata de personas no paran de crecer en España y no hay ninguna ley que proteja a estas víctimas.

La frontera entre España y Portugal es la más grande de Europa y comúnmente se conoce como La Raya. Esta línea territorial divide y une dos zonas agrícolas muy importantes en la Península Ibérica: Alentejo y Andalucía. El cultivo en ambas zonas lleva creciendo de manera exponencial unos años y en gran parte se debe a la presa de la Alqueva que Portugal inauguró hace más de 20 años, ya que, según Sergio Rodrigo, “muchas empresas agrícolas se han ido allí, entre ellas algunas españolas”.

Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos que se celebra cada 18 de octubre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga ha acogido la presentación del documental La Raya, frontera de explotación laboral. Entre sus hallazgos, los cuatro periodistas han descubierto que en los últimos años el sector agrícola ha crecido un 30%, pero el número de víctimas de trata laboral en España también lo han hecho. Concretamente, entre 2018 y 2022, la cifra de afectados asciende a los 3.396. En cambio, hubo tan solo seis sentencias condenatorias. De igual forma, Rodrigo incide en que los europeos deben de tener en cuenta que “muchos de los productos que llegan a sus mesas pueden venir de productores víctimas de esa trata de personas”.

Sergio Rodrigo y Cristina Cartelle en la presentación del documental en la UMA.

Las víctimas son en su mayoría hombres y principalmente de origen marroquí, subsahariano y de Europa del Este (Rumanía y Bulgaria). La forma de trabajar de estas redes es siempre la misma: trasladan a los afectados prometiéndoles una vida mejor, pero cuando llegan al campo se topan con unos sueldos muy bajos, muchas horas de trabajo, condiciones extremas y altas temperaturas. A esto se le debe sumar que estos empleados generan “deudas aparejadas al trabajo”, según Rodrigo y añade que les cobran por la luz, el agua, la comida y la casa “a pesar de que en los convenios de campaña se recoge que los empresarios tienen que dar alojamiento a los trabajadores, sobre todo si los van a mantener en una zona aislada cerca de la finca donde trabajan”.

Durante su investigación hablaron tanto con empresas agrícolas, como con víctimas de estas redes, pero también lo hicieron con las dos autoridades competentes: la Guardia Civil y la Autoridad para las Condiciones de Trabajo de Portugal. En este punto, se percataron de que en España no existe una ley que defina qué es el trabajo forzoso ni una ley integral de trabajo que proteja o ampare a las víctimas. Por lo que “al final las condenas acaban en amonestaciones más leves o confluyen en otros delitos con penas más leves”, señala Cristina Cartelle, otra de las investigadoras.

La investigación se ha centrado en la explotación laboral en La Raya, pero Cartelle sostiene que esto sucede en toda España y en muchas provincias entre las que podría estar Málaga. Por ello considera que se deben de tomar medidas cuanto antes porque “es una problemática que va a seguir creciendo y se está viendo que cada vez va a más”.