El empadronamiento de 'okupas' en los Baños complica el desalojo

Hace meses que sobre el asentamiento okupa del entorno de los Baños del Carmen pesa la amenaza del desalojo sin que de momento nada haya cambiado. Las dificultades jurídicas que tanto la Subdelegación del Gobierno en Málaga como el Ayuntamiento han alegado hasta la fecha para justificar el retraso que acumula la intervención policial se deben, según aseguraron a este periódico fuentes municipales, a que varios de las personas que ocupan de forma ilegal este espacio desde hace años están empadronados en el antiguo balneario como su residencia habitual, lo que complica el desmantelamiento del campamento al requerir una orden judicial para poder intervenir.

Por más surrealista que parezca, el propio Consistorio reconoce que desconocía la situación hasta hace pocas semanas y que al haber gente censada allí "no se puede entrar por las buenas porque en ese caso tiene la misma consideración que la de una vivienda particular". Por si fuera poco, la intervención se complica al ser la sociedad concesionaria del chiringuito y del antiguo camping la titular de la zona perteneciente al dominio público marítimo terrestre donde se asientan alrededor de centenar de personas.

Poco puede extrañar que se haya producido esta situación cuando los requisitos exigidos a una persona para que pueda empadronarse en la capital son simplemente rellenar un impreso con la dirección de residencia y presentar una fotocopia del documento nacional de identidad. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, por su parte, aseguraron desconocer que había gente empadronada en los Baños del Carmen.

Así las cosas, según explicaron las mismas fuentes, todo está a la espera de lo que decida el juez al respecto y de momento no se ha pronunciado, pese a que dispone de los informes realizados por el Consistorio de la capital en los que se advierten de la existencia de árboles secos en el entorno de los Baños del Carmen con riesgo de caída, de cables aéreos enganchados ilegalmente con el consiguiente peligro de incendios y de la carencia de agua potable y desagües en la zona. Además, se ha alertado de importantes focos de cucarachas y ratas debido a la acumulación de basura que hay esparcida por los alrededores y que ponen en peligro la salubridad del entorno.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, anunció el pasado 23 de abril que "el problema estaría solucionado en un mes o mes y medio". En ese momento y de acuerdo con las herramientas legales de las que dispone la Administración central, aseguró que se iba a notificar a los okupas asentados en los Baños del Carmen la decisión adoptada. A partir de ese momento, se les daría audiencia a los afectados para conocer sus razonamientos. Pero pasado se tiempo, admitió que "el desalojo en sí mismo no es el problema", aunque sí advirtió que debe disponerse de unas bases legales porque "la Policía no puede entrar por las buenas".

Además, habrá que salvar un escollo más y es el rescate de la concesión del antiguo camping que la Demarcación de Costas de Málaga inició hace años y que hasta la fecha ha impedido al Gobierno recuperar esta zona del dominio público marítimo terrestre por una concesión que no caduca hasta el 2018. Ahora con la nueva ley anunciada el viernes se plantea un nuevo interrogante puesto que la norma establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes de 75 años más.

Por su parte, la Junta de Andalucía, pese a ser responsable de las concesiones que hay sobre la zona desde abril del año pasado, directamente se desmarcó de este asunto hace meses. El argumento dado es que al ser Costas la que inició el procedimiento para rescatar la concesión del chiringuito y del resto de lo que fue el balneario (propiedad del Grupo Vera) se exime de cualquier tipo de responsabilidad.

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