La empresa de La Malagueta se enfrenta a una multa de hasta 250.000 euros

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía acaba de poner una piedra más en el camino ya de por sí tortuoso por el que viene deambulando la concesionaria de la Plaza de Toros de La Malagueta, Coso de Badajoz, tras impulsar la apertura de un espacio comercial en los bajos del edificio. El departamento autonómico informó la pasada semana a la firma de la apertura de un expediente sancionador por haber instalado más de una veintena de puestos de restauración en el inmueble, catalogado Bien de Interés Cultural (BIC), sin haber solicitado previamente la necesaria autorización por parte de Cultura. A la espera de la resolución final, este hecho, tipificado como una "falta administrativa grave", puede derivar en una sanción de entre 101.000 y 250.000 euros.

Los extremos fueron confirmados a este periódico por la delegada territorial de Cultura, Monsalud Bautista. La misma explicó que esta comunicación le fue enviada el lunes de la semana pasada a la adjudicataria para la explotación del recinto, administrada por el empresario José Cutiño. "El expediente ya está iniciado", incidió la delegada, que precisó que tras la comunicación disponía de 15 días para presentar alegaciones al mismo.

"Ahora puede reconocer que lo ha hecho mal o alegar en el plazo que tiene; se le informa de que los hechos descritos están tipificados como falta administrativa grave y puede ser sancionada con entre 101.000 a 250.000 euros", abundó. Pendientes de la conclusión del expediente incoado, todo apunta a que el mismo acarreará una multa considerable contra la empresa, dado que se afirma desde la Administración regional que la implantación de los locales de restauración, dentro del proyecto Plaza de Gastronomía, se llevó adelante sin pronunciamiento alguno por parte de la Consejería de Cultura.

La maquinaria administrativa, según reconoció Bautista, se puso en marcha justo después de que los técnicos del departamento acudiesen a la plaza en hasta dos ocasiones para inspeccionar las instalaciones. "Estamos hablando de un BIC", subrayó la delegada, que reiteró que ello obliga, en este caso a la concesionaria, a demandar los permisos correspondientes. "Si queremos ser la ciudad que somos, con los monumentos que tenemos, hay que velar por ellos, y de eso se tienen que concienciar los titulares de estos BIC", afirmó.

El escrito informando de la incoación del expediente sancionador fue acompañado de un segundo documento en el que se instó a Coso de Badajoz a, en el plazo de un mes, conforme al artículo 39 de la Ley de Patrimonio, "proceda a solicitar una legalización de las actuaciones, acompañada del proyecto y la documentación técnica correspondiente". "Es lo que en su día debió hacer, pero no solicitaron permiso a Cultura para hacer una intervención en la plaza de toros", aclaró. En este punto, vino a señalar que de lo que se trata es de acometer de cero el procedimiento, lo que supone pedir a Cultura los permisos correspondientes.

Al tiempo, se le exige a la concesionaria la retirada de todo tipo de publicidad exterior en la plaza, caso de las banderolas, al entenderse que "obstaculizan la visión de lo que es el BIC". A este elemento se añade la demanda para que se "armonice" el mobiliario colocado tanto dentro como fuera del coso. "La idea es que pongan uno acorde al monumento, en lo que a color y materiales se refiere", explicó la delegada territorial. Para ello, la empresa explotadora dispone de otro mes de plazo, en el que habrá de presentar un proyecto informando de las mesas y sillas que pretende instalar en el inmueble al objeto de que el mismo sea autorizado por Cultura.

La vía abierta por la Junta contra Coso de Badajoz discurre desde hace meses en paralelo a las sospechas existentes sobre la implantación de la bautizada Plaza de Gastronomía en los bajos de la plaza de toros, proyecto avalado por la Diputación provincial, titular del inmueble. A la espera de conocerse la resolución del expediente informativo abierto por el equipo de gobierno del PP ante las posibles irregularidades, la realidad es que son muchas las sombras que se ciernen sobre la iniciativa.

En este sentido, desde el grupo del PSOE en la institución se insiste en que el uso comercial carece de autorización expresa por parte del equipo de gobierno. A esto se suma la existencia de un "informe de legalidad" de la jefa del servicio de Contratación y Patrimonio rechazando de plano tanto la posibilidad de que la concesionaria cediese a terceros la explotación de los locales de la plaza como la opción de percibir ingresos de la misma.