Un empresario le da alas a la Fiscalía al admitir que pagó sobornos en Marbella

Sorpresa en el caso Malaya. El empresario Ismael Pérez Peña reconoció ayer que pagó un soborno de 180.000 euros para que el gobierno que presidía Marisol Yagüe le adjudicara el servicio municipal de grúa, que regaló cuatro coches, entre ellos un Lexus y un BMW, a la entonces alcaldesa y prestó 200 millones de pesetas a Juan Antonio Roca. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero informó al comienzo del cuarto bloque del macrojuicio del acuerdo alcanzado con Pérez Peña, gracias al cual el empresario no tendrá que pisar la cárcel. Si la Fiscalía le exigía inicialmente 10 años de prisión y multas de 608.000 euros por cohecho, malversación, alteración de precios en concurso público y falsedad, la condena finalmente se reducirá a dos años y tres meses de reclusión, sustituibles por varias multas que suman 16.200 euros. Además ha aceptado pagar 206.300 euros más en multas por estos delitos. Finalmente, el Ministerio Público ha retirado la acusación contra el hijo de Pérez Peña y ha reducido a seis meses de cárcel la condena para un empresario que, de acuerdo con su reconocimiento de hechos, colaboró en crear una ficción que justificara el préstamo de 200 millones de pesetas a Juan Antonio Roca.

Pero el vuelco que ayer experimentó el caso Malaya contra la corrupción político urbanística en la Marbella de los tiempos del GIL reside tanto en la sustancial rebaja de la pena como en las consecuencias que se pueden derivar para otros procesados y el oxígeno que le inyecta a las pruebas de la acusación.

El escrito de conformidad indica que fueron Juan Antonio Roca y Marisol Yagüe quienes le pidieron el soborno de 180.000 euros a cambio de adjudicarle la grúa municipal, un negociete finalmente truncado en el que se vieron involucrados la teniente de alcalde Isabel García Marcos, el concejal José Jaén Polonio y hasta el secretario municipal Leopoldo Barrantes. En definitiva, esta confesión plantea que la corrupción en Marbella no era una cuestión individual, sino que envolvía al conjunto del gobierno municipal.

También salpica a los abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita, encargado de los asuntos de las sociedades de Roca, porque fue allí donde, "conscientes de su mendacidad" según Ismael Pérez Peña, se simuló un contrato de compraventa explicativo de los 200 millones de pesetas prestados por el empresario al exasesor de Urbanismo e intervenidos por la Policía cuando dos de sus colaboradores los trasladaban en metálico hasta Marbella. Si este testimonio presta verosimilitud a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que en Marbella funcionaba una trama, también le insufla fortaleza a una de sus principales pruebas: los papeles de Maras. La Policía encontró en esa gestoría considerada cuartel general del supuesto cerebro de Malaya documentación en la que aparecían iniciales y cifras. Interpretó que se trataba de las identidades de los empresarios que pagaban cohechos por favores municipales y de los concejales que, a su vez y con parte de ese dinero, eran pagados por Roca. Esas anotaciones componen los cimientos sobre los que el Ministerio Público ha construido su acusación, mientras que las defensas clamaban que se trataba sólo de números y letras. Ahora, sin embargo, hay ya alguien que reconoce sus iniciales en esos documentos y admite que pagó un soborno a cambio de favores.

A partir de este momento falta por ver si hay más procesados dispuestos a tomar la senda marcada por Pérez Peña, que en resumen ha logrado con 222.500 euros espantar la amenaza de 10 años de cárcel y multas de 608.000 euros, además de ver absuelto a su hijo. En la causa hay 31 empresarios procesados. La sesión de ayer fue de una intensidad desconocida desde que el 27 de septiembre de 2010 comenzara este macrojuicio por la corrupción en Marbella. Después del reconocimiento de hechos de Ismael Pérez Peña lo que queda claro es que la disciplina que ha reinado durante el último año en el banquillo de los acusados de Malaya ha tocado a su fin.