El empresario Tomás Olivo insiste en que no se benefició del Ayuntamiento

El empresario Tomás Olivo ha insistido hoy en su declaración judicial en que el Ayuntamiento de Marbella adjudicó unas parcelas a su empresa como pago de una deuda en relación con unas obras ejecutadas, y ha reiterado que no se benefició de las arcas municipales.

El promotor murciano, que ha comparecido por tercera vez como imputado por un caso en el que se investigan presuntas irregularidades urbanísticas, ha asegurado que todos los pagos se encuentran "perfectamente justificados", según han señalado fuentes de las defensas de otros encausados en este proceso.

Esta nueva citación de Olivo tiene lugar como consecuencia de una deducción de testimonio del "caso Malaya" contra la corrupción, pero la declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella se ha centrado en las mismas cuestiones de las dos comparecencias anteriores, según las mismas fuentes.

En estas diligencias, una de las 27 en las que se desglosó una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos, el juez investiga la adjudicación por parte del Consistorio marbellí de parcelas y aprovechamientos urbanísticos a la empresa General de Galerías Comerciales, cuyo consejero delegado es Tomás Olivo.

Dicha actuación supuso, según el Tribunal de Cuentas, un perjuicio de más de 44,8 millones de euros para las arcas municipales.

En esta causa se encuentran además imputados el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y el empresario Cordobés José María Enríquez, así como el interventor del Consistorio, Juan Antonio Castro, y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes.

Estos dos últimos han prestado hoy también declaración, mientras que la comparecencia de Enríquez ha sido aplazada.

Castro ha señalado ante el juez que todos los pagos en relación con esta actuación se llevaron a cabo conforme a los soportes contables que le habían sido entregados, por lo que entiende que son legales, aunque ha afirmado que él conoció "mucho más tarde" las iniciativas que se llevaban a cabo en el Consistorio marbellí, según las mismas fuentes.

Por su parte, el ex secretario municipal ha asegurado que se siguieron los cauces legales que marca la ley en el desarrollo de la subasta pública celebrada en marzo de 1996 sobre los bienes inmuebles, valorados entonces en más de 11,5 millones de euros, que posteriormente fueron adjudicados a General de Galerías Comerciales.

Según el informe de fiscalización del Ayuntamiento marbellí y sus sociedades participadas en los años 2000 y 2001 elaborado por el Tribunal de Cuentas, la subasta quedó desierta y cuatro años después las parcelas fueron adjudicadas de forma directa por el entonces alcalde en funciones, Julián Muñoz, a la empresa de Tomás Olivo.

Esta adjudicación tuvo lugar siete meses después de que el Consistorio hubiera firmado un convenio en el que se consideraba deudor de esta compañía por unas supuestas obras ejecutadas.

Según el Tribunal de Cuentas, al tratarse de una enajenación de bienes que superaba el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Ayuntamiento, la Comisión de Gobierno carecía de potestad tanto para convocar la subasta como para facultar al alcalde la adjudicación, competencia sólo del pleno, que debía acordarlo por mayoría absoluta.

El informe de fiscalización señala también que el hecho de sacar a subasta de forma conjunta cinco parcelas reducía la posibilidad de concurrencia, por la dificultad de encontrar licitadores con capacidad financiera suficiente para afrontar el volumen de la operación y por ser bienes sin relación entre sí.

Además, la adjudicación directa decretada por Muñoz sería irregular por violar la ley autonómica que establece que sólo puede hacerse a lo largo de un año después de ser declarada desierta, para evitar la enajenación de bienes a precios no ajustados a mercado.