El anuncio lanzado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de aplazar sine die la llegada del Metro hasta el Hospital Civil, ya sea en superficie o soterrado, y dar prioridad a la prolongación hacia el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) se topa con las primeras reservas de consideración por parte de los empresarios.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía, Javier González de Lara, quien es también consejero de Metro Málaga, la sociedad mercantil que tiene adjudicada la explotación comercial del suburbano hasta el año 2042, ha subrayado "con contundencia y rotundidad" la necesidad de "tener en cuenta la voz" de los empresarios afectados por el cambio de rumbo planteado por el mandatario andaluz.

Imagen de archivo de Antonio Garamendi, Juan Manuel Moreno Bonilla y Javier González de Lara.

"Si hay un cambio de rumbo respeto al futuro de la ejecución de un convenio pactado entre administraciones, y donde en esa concesión la concesionaria tienen unos intereses, pues habrá que escuchar y dialogar con ella y ver qué se va a hacer", ha declarado este viernes en la inauguración de jornadas sobre el 'Informe de la pyme andaluza 2018. Digitalización y Responsabilidad Social en la pyme'.

En sus apreciaciones sobre la determinación puesta sobre la mesa por los nuevos responsables del Gobierno andaluz, ha valorado "todo lo que sea pensar, razonar, y dialogar sobre una infraestructura importante para la ciudad", insistiendo en la necesidad de "velar por la seguridad jurídica". Sobre ello, González de Lara ha confirmado que cualquier alteración en la hoja de ruta que fue pactada a finales de 2013 debe tener, "ante todo, una previsión y no solo presupuestaria, sino de compromisos contraídos, por ejemplo, del BEI, que ha puesto mucho dinero".

El máximo dirigente de la CEA ha emplazado a los nuevos responsables del Gobierno regional a hablar y buscar "lo mejor para la ciudad y los ciudadanos", aunque partiendo de la premisa de que la decisión final respecto a si se acomete o no una parte de la infraestructura no puede depender de si "interesa más o menos o por una decisión política; hablamos de seguridad jurídica".

"Se habla mucho por parte de la administración pero se cuenta poco con los empresarios, con la visión de empresas importantes y solventes", ha criticado, insistiendo, en que lo que éstas quieren es "que se finalice la ejecución de las obras, que se cumpla lo pactado y que se ponga en funcionamiento". Según ha atestiguado, la concesionaria "no quiere que se le compense ni nada por el estilo; lo que quiere es trabajar con facilidad y superar cifras extraordinarias de pasajeros al año del Metro".

Sin embargo, ha confirmado que todo cambio de los planes fijados con la anterior Administración andaluza abre la puerta a que los socios privados puedan reclamar compensaciones, "desde un rescate de una concesión, que estaríamos hablando de centenares de millones de euros, hasta lo que es la modificación unilateral de unas condiciones de un contrato de concesión". En este punto, ha puesto como ejemplo el rescate de una autopista.

Al tiempo, ha advertido de la incidencia que tiene la pretensión de la Junta de anular la licitación de las obras del tramo en superficie hasta el entorno del Civil, activada a finales del pasado mes de octubre, recordando la existencia de empresas de ingeniería "que están ya trabajando y gastando dinero en preparar los pliegos para esa licitación". "Paralizar una licitación significa que hay que compensar", ha destacado.

Bien es cierto que, según fuentes consultadas por este periódico, la incidencia económica de la anulación de este concurso sería escasa en el actual escenario, en el que se están analizando las diferentes ofertas presentadas. La indemnización sí podría ser millonaria en el caso de que se hubiese producido ya una adjudicación formal o que se hubiese firmado el contrato entre las partes.